Hace diez años nació la idea de construir en el departamento del Cesar una sede de la Universidad Nacional. Han pasado tres gobernadores y el proyecto, en el que han invertido recursos de regalías por el orden de los 52 mil millones de pesos, aún no ve la luz al final del túnel. Hoy se debate entre el atraso de las obras de infraestructura por cuenta de un contratista ineficaz, la indiferencia del Gobierno Nacional, la ausencia de la sociedad civil y los llamados de atención por parte de la Contraloría General de la República.
El cesarense Rodolfo Quintero Romero, quien fue uno de los impulsores de esta iniciativa, recuerda en esta entrevista cómo se gestó el proyecto de la Nacional para el Cesar, los obstáculos que ha tenido y analiza los pasos a seguir para sea una realidad el funcionamiento de la Universidad Nacional en esta región.
La Universidad Nacional es casi un hecho, ¿cómo nació la idea de crear una universidad de esta envergadura en la región?
En febrero de 2008 me reuní en Bogotá con el profesor Ciro Quiroz, el doctor José Araújo Torres, jefe de la Oficina del Cesar en esa ciudad, con el fin de identificar un proyecto de amplio impacto que permitiera al gobernador Cristian Moreno hacer un aporte histórico a la región. Ese día nació la idea. Nada más provechoso que llevar al Cesar la mejor universidad pública de Colombia. Hablamos con Cristian y le gustó. La semana siguiente nos reunimos todos con Moisés Wasserman, rector de la Universidad, y elaboramos una hoja de ruta.
¿Quiénes hicieron parte en el desarrollo de esta idea?
Lo significativo de este proceso es que contó con una amplia participación de la ciudadanía: la Asociación de Exalumnos de la Nacional; la Asamblea Departamental; el Centro de Estudios del Cesar; la Cámara de Comercio; medios de comunicación como El Pilón, Maravilla Stereo y la revista Enfoque; la Alcaldía y ciudadanía del municipio de La Paz; los gobernadores Moreno, Monsalvo y Ovalle; y toda la bancada parlamentaria, entre otros.
Quizás, desde la creación del Departamento, no se ha visto una idea que haya suscitado tanto respaldo. Por eso nadie puede pretender apropiarse de ella. Ha sido un esfuerzo colectivo. Muchos han aportado y seguiremos haciéndolo porque la lucha no ha terminado aún.
Ha sido un parto largo y doloroso. Parece mentira que llevemos 10 años en esta lucha por el acceso a la educación. Un derecho fundamental y una herramienta para la superación de la desigualdad.
¿Cómo fue la articulación entre academia, gobierno y gestores, teniendo en cuenta que desde lo público todo tiene un trámite que termina por atrasar procesos y resultados?
Primero se creó el Comité Técnico de Seguimiento integrado por la vicerrectora General Beatriz Sánchez; un asesor de la Universidad; Ciro Quiroz como representante del profesorado y, José Araújo y yo como delegados del gobernador Moreno. Trabajamos -ad honorem- los cuatro años de su gobierno.
Allí acordamos la construcción de un campus universitario; un diseño con arquitectura bioclimática; apertura de facultades que la convirtieran en la sede más moderna no sólo por su arquitectura sino por su programa académico para el siglo XXI; un estudio para determinar los programas académicos a ofrecer, y, la interventoría de la Universidad en la construcción.
La Gobernación se comprometió con la entrega de la infraestructura física. Un hecho insólito si consideramos que todas las sedes de la Nacional fueron construidas con dineros del presupuesto nacional.
La Universidad entregó el diseño, ha hecho la interventoría, trabaja actualmente la oferta académica y se prepara para recibir y administrar la Sede. El gran ausente ha sido el gobierno nacional.
¿Cuáles han sido los momentos más críticos por los que ha atravesado el proyecto?
Convencer al gobernador Moreno para comprar el predio y ejecutar la primera etapa de la construcción. Al final solo compró el predio. Hacer entender al gobernador Monsalvo, que la propuesta de la Ministra de Educación de utilizar el predio para varias universidades era utópica, igual que su deseo de construir la sede en Aguachica. Monsalvo, por fortuna, cambió de opinión y se apropió del proyecto con un entusiasmo sorprendente.
No obstante, hay que decir sin ambages que todo indica que el proceso de contratación adoleció de la transparencia requerida. La selección de una firma constructora sin la suficiente experticia y reconocimiento nacional derivó en conflictos con la Universidad Nacional y en un pronunciamiento de la Contraloría General que amenaza con acabar con nuestra ilusión. Todavía seguimos inquietos sin saber cuándo terminará la construcción.
Agréguele la indiferencia y desidia del gobierno nacional para apoyar y comprometerse con la existencia de esta sede y tendrá un cuadro completo. El presidente Santos no se ha dado por enterado, a pesar de la promesa pública que hizo en la plaza Alfonso López de garantizar su funcionamiento.
¿Hoy en qué punto está el proyecto: infraestructura y academia?
En lo académico recibimos la buena noticia de la futura apertura de la facultad de medicina. Una decisión trascendental que debemos agradecer al rector Ignacio Mantilla y que permite celebrar a lo grande el 150 aniversario de la fundación de la Universidad.
En cuanto a la infraestructura, el plazo inicial para terminar toda la construcción fue de 18 meses. Hoy después de 48 meses, cuatro años, sigue el contratista pidiendo prórrogas. Un comportamiento a todas luces inaceptable.
La noticia del incumplimiento del plazo de entrega y la sorpresiva renuncia de la Universidad a continuar con la interventoría, crean un clima de incertidumbre que se debe superar lo más pronto posible.
Aprovecho la oportunidad para solicitarle al rector Mantilla reconsiderar su posición dado el avance de la obra y la garantía que nos brinda a los cesarenses que la interventoría siga en manos de la Universidad.
¿Los recursos para su funcionamiento están garantizados una vez se entregue la obra física?
Si. A la gente hay que creerle. El Ministro de Hacienda se comprometió con diez mil millones para el funcionamiento del segundo semestre de este año y prometió que incluiría todo el 2018 en el presupuesto nacional. El senador Gnecco ha confirmado la veracidad de este compromiso.
Pero, la verdadera garantía la tendremos cuando el Gobierno incremente el presupuesto general de la Universidad, de manera permanente y definitiva, para que ésta pueda cubrir los gastos de funcionamiento de la nueva sede.
Existen muchas especulaciones sobre el inicio de las clases en la Universidad Nacional sede La Paz, ¿Cuándo comenzarán?
Primero debe la Universidad recibir a satisfacción la infraestructura física; después contar con los recursos para el funcionamiento aportados por la Nación; a continuación el Consejo Superior creará la Sede; y, solo entonces, se iniciarán los concursos de docentes, administrativos y la contratación respectiva. Terminado el proceso se inician las clases.
Así las cosas, si este año el contratista entrega el 100% de la infraestructura y se incluye en el presupuesto nacional lo correspondiente al funcionamiento de la Sede, las clases podrían, con suerte, comenzar en el segundo semestre del 2018 o en el primero de 2019.
Piense que no se ha perforado el pozo profundo para garantizar el suministro de agua y no se han hecho las instalaciones eléctricas, etc. Eso toma su tiempo.
¿Por qué cree que ha habido tanto atraso en la culminación de este proyecto tan importante para la región? ¿Qué hacer?
Son varias las razones: la primera es que todo parece indicar que la selección de la firma constructora fue un desastre. Su desempeño ha sido deplorable, ineficiente. Existiendo tantas empresas con músculo financiero y reconocida experiencia no se explica cómo se equivocan de esa manera. La ciudadanía espera una explicación. Hace falta luz y más luz al respecto.
Aunque no me gusta atribuirle nuestros males locales al centralismo, debo aceptar que la política de debilitamiento de la educación pública, la asimetría regional en la inversión presupuestal, y el trato distante del gobierno central han contribuido, en grado sumo, a que el camino haya sido más proceloso de lo que habíamos imaginado.
De otro lado, la inexplicable exclusión de la sociedad civil, por parte de la Gobernación, ha ocasionado su indolente pasividad. Falta apoyo social activo al Proyecto. Su suerte quedó en manos del gobernador y los parlamentarios de turno, lo cual lo volvió muy vulnerable al quedar expuesto al vaivén de las coyunturas políticas y administrativas.
Este proceso requiere, con urgencia, la coordinación de todos los actores y restablecer la movilización y participación activa de toda la ciudadanía. No solo para presionar al presidente Santos sino para exigir transparencia y cumplimiento al contratista. Hay que recurrir a las marchas, foros, plantones, artículos, debates, cabildos, auditorías ciudadanas, recolección de firmas, etc. La sede de la Universidad Nacional nos pertenece a todos y su existencia hay que leerla en clave de paz y reconciliación.