Imelda Daza Cotes
El derecho a la atención sanitaria fue una conquista notable del siglo XX para buena parte de la humanidad. Precursores del beneficio fueron los países nórdicos que, después de la segunda guerra mundial, decidieron garantizar a todos sus ciudadanos un sistema de salud financiado por el Estado, de acceso universal, con independencia del nivel de ingreso o condición social del usuario. Todavía hoy es así.
Esta política se extendió. En Colombia se creó en 1946 el Instituto de Seguros Sociales que, junto a otras entidades de salud pública, conformaron el sistema de salud.
El ISS administraba además pensiones y riesgos profesionales. La cobertura de servicios no era total y el sistema presentaba fallas cuya superación demandaba mayor compromiso y responsabilidad estatal. Sin embargo, el mundo occidental vivía una coyuntura de estancamiento con bajos rendimientos económicos; la sanidad resultaba atractiva para grandes negocios y el Consenso de Washington facilitó las cosas.
El Banco Mundial promovió la desinstitucionalización del servicio de salud, la mercantilización de la sanidad y asignó un papel protagónico a las aseguradoras y otras empresas privadas.
Todo, acompañado de la campaña de desprestigio de lo público como ineficiente, insostenible, costoso, mientras lo privado ofrecía confort, elegancia, eficiencia. Ninguna investigación seria ha comprobado estas afirmaciones.
En este contexto, políticos colombianos liderados por César Gaviria Trujillo, fieles al amo del norte y obedientes al recetario neoliberal, decidieron promover la liquidación del ISS.
Se aprobó la funesta Ley100/92. Más adelante, Álvaro Uribe aceleró la privatización y el ánimo de lucro primó en la gestión sanitaria; la salud ciudadana se convirtió en una mercancía y como tal, fuente de enormes ganancias.
Se pasó de un sistema público, financiado básicamente por el Estado a otro pagado por los asegurados/beneficiarios. Se rompió así la equidad y se violó un derecho vital. Las EPS han sido duramente cuestionadas por mal manejo de recursos e ineficiencia
Actualmente se tramita una nueva reforma, severamente cuestionada porque no rectifica el rumbo, lo refuerza. Los analistas y algunos senadores afirman que el proyecto gubernamental apuntala la esencia mercantilista de la salud en beneficio de actores privados y en detrimento del interés general de los colombianos.
Lo “novedoso”es que las EPS se transforman en Gestoras de Salud con nuevos estímulos económicos por desempeño y un campo de acción ampliado; persisten el criterio mercantilista, las barreras de acceso al servicio y el condicionamiento a la capacidad de pago.
Prevalecerán el caos, la injusticia, el clasismo y la desigualdad. La paz no es sólo el silencio de los fusiles, es, ante todo JUSTICIA SOCIAL