En nuestro país el tema de la salud es iterativo, no solo por la pésima atención de los enfermos, sino por los múltiples inconvenientes derivados de la corrupción en la administración del sistema de salud, regido por la Ley 100 de 1993 que permite la vulneración de los derechos de la población incorporada al susodicho sistema.
Por las anomalías cometidas en el manejo del sistema de salud, se empobrece la clase medía afiliada al Régimen Contributivo, porque se gasta el salario mensual y primas cuando se enferma, por la falta de atención oportuna, sobre todo los enfermos de cáncer que recurren a tratamientos privados, debido a que las IPS contratadas le suspenden la atención a los afiliados a las EPS morosas en el pago de la prestación de los servicios médicos, los cuales incluyen quimioterapias, radioterapias y todo lo relacionado con el tratamiento oncológico, que es oneroso y algunos pacientes para no perder la secuencia asumen el costo, los que no pueden costearlos sufren las consecuencias de por sí nefastas.
A los jueces los atiborran de tutelas reclamando atención médica inmediata o entrega de medicamentos prescritos por los galenos subespecialistas, cuyas consultas habitualmente son demoradas y a menudo en ciudades donde no residen los enfermos, a quienes les toca pagar lo correspondiente al traslado y a veces no son atendidos, padeciendo las repercusiones de tal falencia.
Lo mismo acontece en la Superintendencia de Salud, donde diariamente llegan cientos de peticiones, quejas, reclamos y denuncias por la deficiente prestación de servicios para la atención de la salud de los afiliados a las EPS, que siguen funcionando ignorando la misión correspondiente. Igual pasa en las IPS, cuyos ingresos provienen de las EPS, que sus propietarios tienen grandes influencias en los altos funcionarios del gobierno, a los cuales poco o nada les preocupa la salud de la población pobre.
La Ley 23 de 1981, conocida como Código de Ética Médica, quedó obsoleta con el régimen impuesto por la Ley 100 de 1993. Duele decir que el gremio médico no ha sido capaz ni siquiera ha tenido la intención de modificar la norma que regula su desempeño y conducta; por tanto, el cuerpo médico también es responsable -para no decir cómplice- del mal funcionamiento de nuestro sistema de salud, como lo son los dirigentes políticos, los empresarios prominentes y los diferentes altos funcionarios del gobierno.
Mientras no haya un compromiso real por la debida prestación de servicios médicos, la salud de los residentes en Colombia dependerá del vaivén de la suerte de cada quien y seguirán recorriendo paseos de la muerte.
Por José Romero Churio