La Revocatoria de Mandato es un mecanismo de participación ciudadana creada por la Constitución política de 1991 y reglamentada por la ley 134 de 1.994 donde se le otorga al ciudadano un derecho político por medio del cual pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde.
La Ley establece que en el formulario de solicitud de convocatoria para la revocatoria, se debe establecer las razones que la fundamentan que pueden ser “por voto programático, actos de corrupción, violación de derechos humanos o pérdida de legitimidad”, aprobada la solicitud se debe cumplir con un requisito sine qua non como es la recolección del 40% de firmas del total de votos que obtuvo el elegido.
Una vez este porcentaje de firma es reunido y entregado a la Registradurìa Nacional, la dirección de Censo Electoral de esta entidad procederá a su revisión, posteriormente la Registraduría procederá avalar las firmas entregadas por los promotores, realizar la logística del proceso electoral y convocar a la votación para la revocatoria.
Realizada la votación se considera revocado el mandato para gobernadores o alcaldes, al ser aprobada por un número no inferior del 60% de los ciudadanos que asistieron a las urnas, siempre y cuando el número de votos no sea inferior al 60% de la votación registrada el día que se eligió el mandatario y solo podrán participar en la votación quienes lo hayan hecho en la jornada electoral donde se eligió al gobernador o alcalde que se pretende revocar.
La figura de Revocatoria de Mandato es una figura novedosa, creada para que los ciudadanos tuvieran acceso a una herramienta de control ciudadano, de garantía para el constituyente primario, para que sus gobernantes cumplieran sus promesas de campañas y ejercieran su mandato eficazmente.
Pero la realidad es otra, ya que el legislador al reglamentar la figura puso una serie de obstáculos y exigencias que hacen difícil la aplicación del mecanismo, sumado a la falta de control y reglamentación del actuar del mandatario que se pretende revocarle su mandato, ya que puede accionar todo el aparato estatal, los recursos a su disposición para cohesionar al elector con dádivas o presiones para lograr promover campañas en contra de la revocatoria y que la misma no prospere.
También es cierto que esta figura se ha tomado como revanchismo u oportunismo político para que los detractores del mandatario puedan iniciar un protagonismo político que le garantice una simpatía o figuración que le vaya abriendo espacio para una eventual futura candidatura o conseguir la atención del mandatario y recibir prebendas para que desista de la iniciativa de revocarle su mandato.
Es por ello que en Colombia las revocatorias de mandato no prosperan y la ciudadanía ha perdido la credibilidad en la figura, por eso la escasa afluencia en las pocas revocatorias que se han iniciado, por eso se hace necesario regular este mecanismo acorde a la realidad política actual del país para que esta figura no sea un “saludo a la bandera” y por el contrario cumpla con la función en beneficio de la democracia para que fue implementada.