La renuncia del hoy exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira fue una elocuente pifia jurídica de quien se alude como excelente abogado, hábil y exitoso. Evidentemente tampoco nadie lo quería al interior de la propia Fiscalía General de la Nación. Véase: Si Seuxis Paucias Hernandez Solarte -alias Jesús Santrich- el requerido por los EE. UU., en la acusación foránea, técnicamente denominada indictment, se afirma estaba en grado de tentativa perpetrando conductas punibles, allá denominadas “concierto para importar cocaína”, “intento de fabricar o distribuir cocaína” e “intento de importar cocaína” y aquí en Colombia tiene su equivalente en los delitos de concierto para delinquir y trafico de estupefacientes, lo apenas natural era que igualmente aquí se le siguiera un proceso penal por esos mismos hechos y conducta y, consecuencialmente solicitado una orden de captura, formulado una imputación e impuesto una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
No se trataba de dos procesos penales por los mismos hechos (non bis in idem), porque el que se seguía en los EE. UU., podía perfectamente investigarse allá y acá, bajo normativas distintas. Eso era así de viable que bastó que por la fuerza de los insólitos acontecimientos asumiera la dirección de la Fiscalía General un experimentado penalista, experto y veterano servidor judicial como Fabio Espitia Garzón para haber rápidamente fomentado una solución poco ortodoxa pero factible, impedir a toda costa que alias Santrich se saliera con la suya de quedar en libertad.
Ante la inevitable realidad de cumplir la orden judicial emitida por los jueces transicionales de la JEP de libertad inmediata de alias Santrich, como consecuencia de aplicar la garantía de no extradición, raudamente se postuló ante un juez de control de garantías la emisión de una orden de captura y se solicitó audiencias de imputación e imposición o no de medida de aseguramiento. Así las cosas, la Fiscalía logró que un juez emitiera la orden de captura que impidió la consolidación de la libertad del liberado. El espectáculo jurídico/judicial palpable.
Que quede bien claro que la orden de captura contra Santrich en Colombia la dictó un juez de control de garantías a solicitud de un Fiscal Delegado. Obvio me refiero a su fachendosa recaptura.
Se insiste, si el exfiscal general Martínez Neira hubiese sabido con anterioridad que todo ello era viable, seguramente no renuncia irrevocablemente, he ahí su estruendosa pifiada y por eso debe estar iracundo con sus antiguos e inmediatos subalternos.
En pocas palabras, si contra alias Santrich pesaba una orden de captura con fines de extradición y durante mas de un año había una fuerte controversia en la Jurisdicción Especial para la Paz, oportunamente no se le ocurrió al exfiscal general Martínez Neira haberse anticipado gestionando una orden de captura para tenerla vigente, si por alguna circunstancia lograba la libertad el pedido en extradición y no correr ha impedírsela en un azaroso procedimiento que tiene tufillo a palpable arbitrariedad judicial.
El juez de control de garantías que le corresponda hacer control judicial a la captura de alias Santrich, en audiencia de control de legalidad, puede decretar la ilegalidad de la aprehensión y ordenar su libertad inmediata. La vulneración de sus derechos fundamentales se exhibe colosal al margen de su eventual responsabilidad en los hechos y de la presunta conducta punible que se le endilga. -¡Oh paradoja brutal, no por haber enviado cocaína a los EE. UU., sino dizque por intentar hacerlo!-.