Fue un 24 de noviembre del año 2016 en que se firmó la paz entre el Estado y las FARC-EP.
Este jueves se cumplieron seis años de ese histórico acuerdo cuyos compromisos, si bien aplican al país, en el territorio del Cesar y La Guajira tienen aplicación específica en cada uno de los ejes temáticos.
Aunque la reforma rural integral sigue en mora, persiste la inseguridad de otro tipo – la urbana, la delincuencia común y el abigeato en la rural y esporádicamente acciones del ELN en el sur del departamento – los avances se notan. No se evidencia desde la firma, e incluso antes, desde la declaración de la tregua unilateral de las FARC, un solo acto de violencia en nuestros departamentos atribuidos a esa organización rebelde; en las carreteras se acabaron los retenes , permitiendo la dinámica en el campo y el intercambio comercial entre los pueblos de la Costa, y del turismo. Además en nuestra región no se han desarrollado sus disidencias.
Con todo el acuerdo con las Farc debe entenderse en su real dimensión: un acuerdo con un ejército de 13.000 efectivos preparados en 60 años en la guerra irregular que retaban directamente la capacidad del Estado colombiano, y lo hacían un Estado fallido, comprometiendo presupuestos inmensos, grandes pérdidas humanas. En los dilemas entre el entendimiento o el conflicto se definía en gran medida la política nacional y la relación con Estados Unidos y los países vecinos. Al punto de que la postura frente a la violencia o pacificación marcaba el reloj a los gobiernos, (desde aquel de Alfonso López Michelsen hace más de 45 años), y a las elecciones presidenciales.
Con la desmovilización era evidente que otras organizaciones armadas quedaban activas, como el ELN, y las protectoras del narcotráfico y las economías ilegales. Los acuerdos no podían resolver el agudo problema de la inseguridad urbana, porque resolvían, para simplificarlo, no la seguridad individual del ciudadano sino la seguridad del Estado mismo, de todos en conjunto, de la sociedad y sus instituciones democráticas.
Ha sido sustancial para nuestra región el desarrollo de las obras y programas previstos en los planes de desarrollo con enfoque territorial, frutos de los acuerdos. En Cesar a ocho municipios se han destinado casi un billón de pesos en más de 200 proyectos de todos los sectores , principalmente en infraestructura vial, gran parte en actual ejecución. “Municipios como Pueblo Bello que tienen anualmente en su presupuesto rubro de libre disposición de $ 3000 millones han recibido por el PDET en estos pocos años proyectos por más $ 120.000 millones, lo que les representaría más de 40 años”, dijo en Valledupar recientemente para poner un ejemplo Elvia Mejia, funcionaria de la Agencia de Renovación del Territorio ART.
Los ETCR de Manaure y Fonseca han sido un instrumento de reincorporación y trabajos productivos. Aunque las víctimas aún esperan plena satisfacción, y la paz no es total, se respira otro ambiente, más democracia, pues los avances en esta provincia han sido inmensos.