En Colombia muchos viven del Estado, en cada sector público hay una oportunidad de montar un negocio con los recursos de este y de algunos particulares que ahorran en cuentas creadas por el mismo Estado, la Ley 100/1993 dio esta opción. Esto ha venido sucediendo porque los que gobiernan son los mismos que montan los negocios.
Ahora que existe un gobierno alternativo, todo este andamiaje de beneficios perversos se está cuestionando con el fin de cerrar la vena suelta de las finanzas públicas. Claro, el filibustero reacciona presentándose como monja de la caridad; la primera acción es atacar a los ministros del ramo, no con argumentos sostenibles sino con descalificaciones.
Los del sector agropecuario ya lo están haciendo, los del minero también y ahora ya iniciaron contra la ministra de salud, mucho antes que esta presente al Congreso de la República su respectiva reforma. La asociación de los fondos privados de pensiones, AFP, es el nuevo gallo de pelea que va a pelear como gato boca arriba para que no le quiten el “negoción” que tiene con el ahorro de los trabajadores. Aquí hay mucho dinero gratuito de por medio que no le ha costado una sola gota de sudor a las AFP y que pueden invertir libremente sin consultar a sus dueños y sin rendirles cuenta. Con corte a enero de este año, el ahorro de 18 millones de ahorradores ascendía a $394.4 billones mientras que, en el fondo oficial Colpensiones, solo habían $13.2 billones de 6.7 millones de ahorradores que son, al final, los únicos que se pueden pensionar. Esta cifra es mayor que el presupuesto general de la nación de este año, una friolera que se sale de las calculadoras.
Con este dinero, las AFP hacen ochos y panochos, invierten en obras de infraestructura, en el mercado financiero, donde quieran. Poco antes de terminar su periodo, Duque le anunció al país, con gran orgullo, que las nuevas inversiones de los fondos privados en infraestructura vial ascendían a $9 billones; a eso le llaman libre inversión, claro no tiene auditoría de nadie.
Es de suponer que la ruta del sol que vale $7.5 billones, el túnel de la Línea costó $2.9 billones y otras más las recuperarán con peajes cuyas utilidades no serán compartidas con los dueños de los fondos. También, los Uribe Moreno están construyendo centros comerciales con esos ahorros. Lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta. Lo que los aterra, además del fondeo ilimitado es que, al momento de arquear estas cuentas, quizás no tengan la disponibilidad suficiente para transferirla a Colpensiones y allí será el llorar y el crujir de dientes; tendrán que salir como saltones a vender títulos o acciones de sus empresas.
La propuesta de campaña del P.H. sobre el sistema de salud consistió en modificar este régimen y como ganó las elecciones ahora quiere concretar esa oferta, consistente en que quienes ganen hasta 4 SMM deben ahorrar en Colpensiones. Esto significa que perderán el 92.4% de sus cautivos clientes que son 16.6 millones; hoy, solo el 7.6% de los afiliados a las AFP ganan más de cuatro SMM, pero ese pequeño segmento es donde están quiénes mayores salarios tienen que, si lo desean, también pueden pasarse a Colpensiones.
La clase empresarial colombiana no es que tenga muchas iniciativas para crear riqueza, le gusta el negocio muelle amparado en los recursos públicos y si es de matar por sostener este aberrante privilegio lo hacen. Tal vez por eso muchos están incitando a las fuerzas militares en retiro y a las tropas mismas a que se unan para restaurar lo que ellos llaman democracia.
Dicen los juristas que en derecho las cosas como se hacen se deshacen y la Ley 100/93 no es la excepción; modificarla o acabarla no se debe tomar como una tragedia; antes de ella el sistema de salud funcionaba muy bien. Aun tengo recuerdos de la clínica Ana María de Armas que luego fue convertida en un lucro cesante porque llegó la mafia de la intermediación en salud cuando los pacientes se convirtieron en clientes; el mercado de la salud debe terminar.