El Gobierno ha preparado un borrador de reforma al sistema de administración de justicia. He perdido la cuenta de número de intentos de reforma que se han hecho desde 1991, pero se acerca a las dos decenas. Todos los esfuerzos han fracasado porque las cortes se han atravesado. Con este, sin embargo, puedo apostar que no habrá esa oposición. Pareciera que es una buena noticia, pero en realidad no lo es.
Las cortes esta vez sí vayan a apoyar el proyecto porque satisface todas sus expectativas. Si lo hubieran hecho ellas no sería muy distinto. Veamos:
Mientras que Estados Unidos, con 327 millones de habitantes, tiene una única corte, con nueve magistrados, Colombia, con 49 millones, tiene cinco altas cortes, con 127 magistrados de propiedad, más un incontable número de magistrados auxiliares: la Constitucional (9 magistrados), Suprema (23), Consejo de Estado (31), Consejo Superior de la Judicatura (13) y el engendro de la Jurisdicción Especial para la Paz (38 más 13 suplentes).
Pues bien, el proyecto no solo no reduce el número de cortes y abandona del todo la propuesta del Centro Democrático de tener una sola, sino que crea nuevas “instituciones”. Por un lado, la “Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial”, cuya integración y funcionamiento será regulado por ley. Por el otro, una “Comisión del Derecho y la Justicia”, con una interminable conformación mixta de magistrados, organismos de control y parlamentarios, sindicatos de la rama y colegios de abogados.
Además, la propuesta amplía el período de ejercicio de los magistrados de los ocho años de hoy a doce. Un regalito del 50% del tiempo. Inmerecido, por supuesto, con contadas excepciones. Y aunque sube la edad de ingreso, en mi opinión correctamente para evitar que las cortes sean usadas como trampolín para las aspiraciones políticas de los jueces (son varios los que han saltado de la magistratura a aventuras electorales, entre ellos Carlos Gaviria, Alejandro Martínez Caballero y Jaime Araújo), de paso permitiría que no haya edad de retiro, aspiración por la cual varios magistrados cercanos a los 65 años han interpuesto toda clase de recursos para quedarse amarrados a sus puestos. Por fortuna, el proyecto dice que los períodos solo regirán para los nuevos elegidos, pero no sería de extrañar que cambiara en el texto final.
La propuesta fortalece la corriente de magistrados provenientes de la rama judicial. Hoy no se requiere pertenecer a la carrera judicial. El proyecto establece que la mitad de los magistrados de la Suprema y del Consejo de Estado “provendrá de la rama judicial”. Y reafirma el sistema actual de cooptación de hecho. Son los mismos magistrados de hoy, tan mal afamados casi todos, y lo de la sala penal, con alguna excepción, además vinculados al cartel de la Toga y profundamente antiuribistas, los que elegirán a sus colegas. Basta ver lo que acaba de ser elegido en la Corte Suprema, en abierta violación del estado de derecho, para saber lo que nos espera.