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La puja por el mínimo

Los $ 781.242 de salario mínimo del presente año no alcanzan para satisfacer todas las necesidades básicas de una familia colombiana promedio. Tradicionalmente resultan inocuas las concertaciones y terminan en un tira que jale entre gremios y representantes de centrales obreras; al final nunca alcanza lo establecido nunca para suplir los gastos de un hogar y varios miembros de una misma familiar deben ser asalariados o rebuscarse en la informalidad para subsistir.

Precisamente, ayer en una sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la cuarta desde que inició el gobierno del presidente Iván Duque, se le dio inició a la agenda de negociación del salario mínimo en el país para el 2019, lo cual genera una expectativa especial este año por los reparos que tiene el proyecto de ley de financiamiento, especialmente por el IVA en varios productos de la canasta familiar.

Una tarea nada fácil liderará la ministra del Trabajo Alicia Arango Olmos, en el encuentro entre Gobierno Nacional, los gremios económicos (ANDI, ACOPI, SAC, Asobancaria y Fenalco), las centrales sindicales (CGT, CUT, CTC) y las Confederaciones de Pensionados (CPC y CDP).

Para entender un poco lo que puede resultar, revisemos la variación del salario mínimo entre 2008 y 2018. -2008: $461,500 incremento de $27,800; -2009: $496,900 incremento de $35,400; -2010: $515,000 $18,100; -2011: $535,600 incremento de $20,600; -2012 $566,700 incremento de $31,100; -2013: $589,500 incremento de $22,800; -2014: $616,000 incremento de $26,500; -2015: $644,350 incremento de $28,350; -2016: $689,455 incremento de $45,105; -2017: $737,717 incremento de $48,262; -2018 $781,242, incremento de $43,525.

Ninguno de los valores en esos 10 años ha compensado los costos de vida de los hogares más pobres. Se trata una decisión anual muy crucial para las finanzas de los colombianos, pues los incrementos además de influir en los ingresos personales de los ciudadanos tiene mucho que ver en el incremento de los precios de los productos y servicios tales como multas, comparendos, arriendos, avalúos, servicios públicos, peajes, entre otros.

No hay una fórmula que los complazca a los líderes de sindicatos de trabajadores, representantes de los gremios de la producción y el Gobierno Nacional. La mayoría termina fijado por decreto, según la Ley 278 de 1996 teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Índice de Precios al Consumidor (indicador que representa el valor del costo de vida), meta de inflación fijada por el Banco de la República para el siguiente año, incremento del Producto Interno Bruto (valor de la actividad económica de un país) y la contribución de los salarios al ingreso nacional y la productividad de la economía.

La invitación a los representantes de los sectores que comienzan las negociaciones es a concertar entre trabajo y capital, elementos fundamentales del crecimiento económico.

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