La Procuraduría tiene presencia central y regional. En el primer año de gestión de la actual procuradora Margarita Cabello se han adelantado 2.644 investigaciones en general y más de 1.207 investigaciones contra funcionarios de elección popular. Y completa 70 mil procesos que se caracterizan por su demora.
Su funcionamiento cuesta un billón de pesos anuales. Son 4.500 empleados que podrían llegar a 5.700 cuando se provean los 1.208 nuevos cargos que han generado gran polémica.
A partir del 29 de junio la ley dio 6 meses para que se adecuara su planta, con base en un estudio de la Función Pública, de cargas y necesidades. Esos cargos en más de 80 % serán de carrera; más del 20 % exigen el cumplimiento de la ley del primer empleo para los jóvenes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado a Colombia que debía adecuar su legislación para evitar situaciones como las de la destitución de Gustavo Petro, entonces alcalde de elección popular.
El Congreso y la procuradora lo interpretaron como que había que separar la función instructora de la sancionatoria, bajo personas con cargos distintos. La Corte considera que no es suficiente: solo un juez penal puede menoscabar los derechos políticos del funcionario elegido por el pueblo.
A nivel regional en cada departamento hay un procurador regional y un procurador provincial y habrá que nombrar como pares dos más, junto a un personal de apoyo básico.
Al margen de la controversia nacional, en la que se censura a la procuradora, que ha dado las explicaciones, ante acusaciones de maniobra política de creación de cargos en época electoral, nos referiremos a un asunto regional.
Existe ausencia de información de la Procuraduría departamental, por disposición central, norma que viene desde antes del ejercicio de la actual procuradora.
¿Tenemos que saber qué hace la Procuraduría por derechos de petición a los procuradores en la región, o por solicitud escrita, dirigida a la oficina central de Comunicaciones en Bogotá, sobre un tema de interés regional?
Antes la Procuraduría era una entidad activa, vigilante, declarante. No pocas veces el procurador cuando notaba que se sabía que en una entidad se venían despilfarrando recursos o haciendo contrataciones lesivas decía algo, advertía, anunciaba investigación. No se interpretaba ello como una extralimitación.
Si nuestros procuradores, digamos en el Cesar o La Guajira, hacen su labor, adelantan tantos procesos, cumplen las metas de rendimiento, cumplen horarios o no, es un dato que parecería que concierne solo a la propia Procuraduría y que solo los superiores o su oficinas de control interno podrán saber.
Presumimos que los funcionarios son buenos, trabajadores y preparados técnica y académicamente, y le creemos a la procuradora al afirmar que “se están duplicando”. ¡El problema es que ese trabajo no se nota!
¿Será esa la razón por la cual la procuradora General dijo ayer a Caracol Radio: “Nada de anuncios, solo resultados”?
Posdata. ¿No es la Procuraduría la que debe liderar la comisión regional de moralización pública, que debe reunirse mensualmente e informar trimestralmente a la ciudadanía?