Paulatinamente y a la vista de todos, reclusos, familiares, autoridades locales, gobierno nacional y ciudadanía, en general, se fueron creciendo los problemas de la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad de Valledupar, conocida popularmente como “La Tramacúa”.
Desde hace varias semanas se hablaba del problema del suministro del agua, cuya intermitencia y falta absoluta ha generado una situación de salubridad de marca mayor que hoy es noticia nacional y que demuestra el grado de ineficiencia al que puede llegar el estado colombiano.
Pero el problema de esta Cárcel no es reciente. Desde su construcción nació con muchas fallas, comenzando por su objetivo inicial que no era otro que servir de centro de reclusión para los presos que estaban en la vieja cárcel judicial del barrio Dangond, que se había convertido en un problema de seguridad para ese barrio y que, con el paso del tiempo, había quedado obsoleta y desactualizada.
A Valledupar se le vendió la idea que la nueva Cárcel era para sustituir a la Judicial, pero no fue así; por el contrario, el gobierno nacional decidió cogerla para internar allí a sujetos de altísima peligrosidad por su prontuario delictivo, asesinos, ex paramilitares, narcos, ex guerrilleros y famosos violadores de niños, entre otros sujetos.
Y al país se le vendió la idea de que la Cárcel era inviolable en su seguridad y lo último en procedimientos e infraestructura carcelaria, bajo los auspicios del gobierno norteamericano y todo.
Hoy la realidad es bien distinta y confirma que todo lo que está mal es susceptible de empeorar. Puede que siga siendo muy segura para los reclusos, pero – curiosamente- insegura para el resto de los habitantes de Valledupar y de los habitantes de otras ciudades del país, ya que es un secreto a voces que desde la cárcel se sigue delinquiendo, extorsionando, y atentando contra la sociedad.
Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías ayudan mucho a los delincuentes, hoy los celulares, la internet, las redes sociales, etc, permiten que muchos delincuentes sigan de las suyas y realizan llamadas, organizan y dirigen sus empresas y acciones criminales. Pero nos negamos a aceptarlo y consideramos que el Estado tiene que buscar todos los mecanismos tecnológicos y de seguridad para impedir que desde esta cárcel, como también desde otras del país siga pasando lo que se dice que está pasando.
Y es que si hay un tipo de instituciones en las cuales el Estado ha demostrado su fracaso como administrador esa son las cárceles. Y no es un problema sólo del Estado colombiano, la realidad es que es un problema de varios países, incluyendo Estados Unidos y varias naciones de Europa, donde las cárceles son verdaderos antros que están lejos de ser centros que le faciliten al delincuente su resocialización y su rehabilitación.
Es necesario estudiar la situación y evaluar la posibilidad de cerrarla provisionalmente para solucionar el problema del agua y otras fallas de infraestructura que presenta la otrora obra por mostrar. Pero también se debe mirar la relación entre la Cárcel y el crecimiento de la inseguridad en Valledupar, inclusive estudiar el traslado de muchos de quienes están hoy allí a sus ciudades de origen, donde estarían más cerca de sus familiares y su proceso sería menos difícil.
En este problema es indudable la responsabilidad del gobierno nacional, principalmente del Inpec, pero también inexplicable la actuación de Emdupar, que no sido diligente en el tema del suministro oportuno y adecuado del agua. También es necesario evaluar el tema de la atención médica, y el trato dado a los reclusos.
Sobre este último punto, por supuesto, sabemos que hablamos de una cárcel, no se trata de un jardín infantil o una normal para señoritas, pero estos señores merecen un trato digno y estar en condiciones decorosos, entre otras cosas, para facilitar su proceso de resocialización.
Empero, más allá de revisar la Cárcel de Valledupar, asunto que es imperioso, consideramos que se requiere es una revisión a todas las cárceles del país y una evaluación a fondo al sistema carcelario, comenzando por la necesidad de depurar al INPEC y presentar al país una verdadera política carcelaria que busque la resocialización de estos señores, el respeto a los derechos humanos al interior de los penales, pero también la garantía para el resto de la ciudadanía que desde allí no se siguen cometiendo fechorías y atentando contra gente inocente.