Una verdadera y compleja encrucijada vive Colombia, al igual que otros países de América Latina y del mundo, al tener que afrontar una difícil situación de sus finanzas públicas, en medio de una debacle de su economía. Hacer un ajuste fiscal, en medio de una recesión, es todo lo contrario de lo que recomienda la teoría económica. Pero, no hacerlo sería peor…
Obviamente, la crisis es mundial. Los costos de la pandemia y sus daños a la economía de cada país son aún objeto de cálculos y dependerá del inicio de los planes de vacunación y la reactivación del aparato productivo. En el caso de Colombia, el Dane estima que la caída del PIB fue de 6,8 por ciento. La más alta en la historia del país desde que se llevan registros. El desempleo llegó al 20 por ciento, luego bajó al 16 %, se disparó la pobreza y se afectó seriamente la calidad de vida de la clase media.
Por los lados del sector empresarial, el panorama también es desolador. Muchas empresas y pequeños negocios desaparecieron. Otras, que lograron sobrevivir, principalmente medianas y pequeñas, deberán su sostenibilidad a que el Estado pueda seguir ayudándoles con subsidios a la nómina, créditos blandos y otro tipo de ayudas. La recuperación de la economía, según algunos expertos, podría durar entre tres y siete años. Bastante tiempo.
Y por los lados del sector público, tema de este comentario, la situación es de llorar. Después de más de treinta años haciéndole un seguimiento a la economía del país, incluyendo las finanzas públicas, nunca había visto lo que presentó el jueves de la semana pasada el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a los periodistas. Al explicar el Plan Financiero de 2021, el ministro afirmó que el déficit al cierre de 2020 alcanzó 7,8 puntos del PIB. Esto representa, aproximadamente, ochenta billones de pesos.
Ese déficit fiscal para 2021 podría llegar, según los escenarios planteados por el Ministerio, a 8,6 puntos porcentuales del PIB. Una situación dramática cuya solución no da espera.
El ministro Carrasquilla, quien estuvo acompañado de parte de su equipo, en una rueda de prensa virtual, luego de presentar las cifras, las tendencias y los cálculos econométricos del gobierno, anunció una serie de medidas urgentes y necesarias en materia fiscal.
En primer lugar, el gobierno tendrá que hacer un ajuste a corto y mediano plazo, que incluye recortar gastos excepto los destinados a la ayuda de las familias más pobres y las empresas más urgidas. Un aumento de la deuda pública, haciendo énfasis en el endeudamiento interno (cerca del 70 por ciento) y un 30 por ciento restante sería deuda externa. Y una reforma tributaria que busca un recaudo de 15 puntos porcentuales del PIB, es decir, algo así como quince billones de pesos; además de una modernización de la DIAN, proyecto que viene aplazado desde hace varios años, y una reducción de exenciones que hoy tiene el sistema y un mayor recaudo por control a la evasión y la elusión.
En conclusión, se hace necesaria una drástica e inteligente reforma fiscal, que propondrá el Gobierno del presidente Iván Duque al Congreso de la República, que, en últimas, será el que decida, como ordena nuestro sistema constitucional y legal. Esta reforma no da espera, no importa que venga un proceso electoral presidencial y de legisladores. Por encima del tema político está la sostenibilidad fiscal del país. Además, están observando las calificadoras de riesgo que -de tiempo atrás- han advertido sobre la situación límite de Colombia. En otras palabras, sería irresponsable no adelantar ese debate y realizar las reformas que se acuerden por consideraciones de carácter político. Así de claro y así de sencillo.