Por Indalecio Dangond Baquero
Esta semana hubo una noticia que causó un profundo desconcierto, no solo en una parte de la clase política del país, sino en la mayoría de los colombianos.
Los delegados de las FARC en Cuba, propusieron que ellos y los campesinos (aprovechando el Gran Pacto Agrario anunciado por el presidente Juan Manuel Santos), deberían tener tres sillas en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.
La verdad sea dicha, las circunscripciones especiales de las comunidades indígenas, afro, colombianos en el exterior y minorías políticas, han sido un fracaso frente a las expectativas creadas por estos movimientos sociales.
No es sano para la democracia del país seguir teniendo dos modalidades distintas de elección al legislativo a sabiendas que estos obsoletos sistemas son discriminatorios y vuelven el proceso electoral más difícil de entender para los electores y complicado de manejar para las autoridades.
Sería un retroceso si el gobierno le da trámite a esta inconveniente propuesta. Los problemas del agro y de la insurgencia se resuelven con políticas de Estado y no entregándole unas sillas en el Congreso a unos miembros del movimiento Dignidad Agropecuaria y a la cúpula de las Farc.
Hay que aprender de los errores del pasado. Hace 25 años se sancionó la peor reforma política de nuestro país, al aprobar la elección popular de alcaldes que luego en 1991 fue ampliada a gobernadores.
Este traspies permitió que se desplegara el mal de la corrupción y atrasó al país. Antes de 1988, los alcaldes eran designados por el gobernador de cada departamento, que a su vez era designado por el Presidente de la República. Si los candidatos no tenían las capacidades profesionales, buena trayectoria y reputación, no llegaban ni a portero.
Pues ahora en algunos casos los alcaldes son puestos por gobernadores y viceversa y estos a su vez imponen los candidatos al Senado y a la Cámara de sus departamentos.
El verdadero carrusel o concierto para delinquir. Para ser miembro de este cartel regional de la política solo basta con ser ciudadano colombiano en ejercicio, haber nacido o ser residente del respectivo municipio o departamento, tener muchísimo dinero (si proviene de negocios ilícitos mucho mejor) y ser familiar o testaferro del anterior mandatario o el de turno (no importa que haya sido condenado o esté siendo investigado por actos de corrupción pública). Con este perverso sistema, es imposible que progresen nuestros pueblos.
Otro esquema que le hace daño a nuestra democracia son las alianzas entre partidos políticos para cogobernar. Estas coaliciones han agotado su ciclo de eficiencia, y se ve claramente con el gobierno Santos.
Es evidente que el modelo está desgastado y es ineficaz para servirle a la ciudadanía aunque sí a una cuadrilla de parlamentarios que financian sus campañas y se enriquecen con los dineros públicos.
Esa vaina, que para poder ocupar un cargo público haya que hipotecarle la dignidad, el criterio y el presupuesto de la entidad a un grupo de congresistas de un partido, es una práctica muy perversa.
Todos sabemos que el Congreso no es una casa de santos, pero tampoco debemos permitir que se convierta en una casa de corruptos y vagabundos que corrompen la política nacional.
En Colombia hay muchos políticos que son como el cangrejo, ese animalito que no tiene conciencia de sí mismo, saben lo mismo, hacen lo mismo y no existe ningún conocimiento que les permita ser distinto el uno del otro. Ambos van pa’ trás.