Esta semana se aprobó en tercer debate, el proyecto de Ley de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social –Zidres-, la cual permitirá impulsar grandes superficies agrícolas en el país, sin que el Estado tenga que regalar un metro de tierra.
Esta Ley, también permitirá que se acabe la especulación con los arrendamientos de tierras rurales y los exagerados precios de venta que están afectando gravemente la competitividad y rentabilidad de los agronegocios en sectores como el arroz, maíz y algodón, entre otros. En los departamentos del Huila, Tolima, Valle, Córdoba y Cesar, el arriendo de una hectárea de tierra puede superar el millón de pesos anuales, equivalente a un 22 % de los costos de producción. Lo peor del cuento, es que la mayoría de estos predios fueron adecuados con distritos de riego financiados en su totalidad por el Estado colombiano.
En el sector rural, contrario a lo que sucede en el sector urbano, no existe ninguna norma o autoridad que controle los abusos de los arriendos de tierras para la agricultura. Los predios urbanos tienen un limite en el canon de arrendamiento del 1 % sobre el valor comercial o del 2 % del avalúo catastral. Ello, para proteger a las familias menos favorecidas. Hoy en día, por no contar con un sistema catastral moderno y eficiente que determine el verdadero valor de la tierra de acuerdo con su vocación y rentabilidad productiva, los precios de las fincas se negocian a precios tan elevados, que habría que sembrar coca, amapola o marihuana, para poder recuperar la inversión en el mediano plazo.
Otro aspecto importante de Ley Zidre, es que actúa como instrumento de política de ordenamiento de la propiedad rural. En adelante, los terrenos de la nación serán adjudicados (en arriendo o concesión) teniendo en cuenta factores como: i) los mapas de zonificación agrícola y uso eficiente de los suelos, ii) modelos de alianzas estratégicas entre pequeños, medianos y grandes empresarios, iii) la viabilidad técnica, financiera y ambiental de los proyectos productivos, iv) la reactivación económica de las regiones apartadas del país y v) la generación de empleo productivo y reducción de la pobreza.
Con esta nueva política de tierras, se eliminan los problemas derivados de la fragilidad de unas estructuras caracterizadas por un minifundismo crónico que se manifiesta en las explotaciones agrarias de economía campesina y en sus estructuras de transformación y de comercialización de sus productos. En adelante, el ineficiente modelo de las Unidades Familiares Agrícolas (UAF), será cosa del pasado.
Otro actor importante en este nuevo ordenamiento de la política de tierras, será la nueva Agencia Nacional de Tierras, que tendrá a su cargo la administración y distribución de la propiedad rural en el país. En principio hay un poco más de cuatro millones de hectáreas disponibles, que entraría a administrar y adjudicar esta agencia.
Con esta nueva política de tierras, establecida en la Ley de las Zidres, Colombia entrará -al igual que Brasil y Argentina-, a jugar en las grandes ligas del comercio agrícola internacional. Y hasta sobra tierra para generarle ingresos lícitos a los 8 mil reinsertados de la guerrilla de las Farc.