Estamos ya a pocos días de la convocatoria a las urnas a los 36’025.318 ciudadanos habilitados para votar en Colombia, 2.739 aspirantes y 385 listas, abiertas todas ellas, compiten para elegir el Parlamento para el período 2018 – 2022, el cual pasará de 268 curules a 280, 12 más. Adicionalmente, se concurrirá a las urnas también para votar en las dos consultas internas que estarán en juego, la del triunvirato Iván Duque, Martha Lucía Ramírez y Alejandro Ordoñez y la de la dupla Gustavo Petro y Carlos Caicedo.
Como es bien sabido, la participación en estas elecciones legislativas, en promedio, no superan el 43 % del censo electoral y se espera que, debido al desencanto generalizado por cuenta de los escándalos de corrupción y el desprestigio de la política, la abstención esta vez sea más pronunciada. Como lo afirma Castells, la apatía general sobreviene cuando “el interés general es sustituido por el desinterés general” y este es el caso. Esta abulia ciudadana y el desgano frente al derecho y al deber de votar consagrado en la Constitución Política, es una reacción no tanto contra el establecimiento como contra lo que denomina el Nobel de Economía Milton Friedman “la tiranía del statu quo”.
En la más reciente encuesta de Gallup la institucionalidad en su conjunto sale muy maltrecha, la percepción que se tiene de ella la deja en grave predicamento. En efecto, la reprobación del ejecutivo, del Congreso y del poder judicial registran el 73 %, el 84 % y el 86 %, respectivamente. En cuanto a los congresistas, en esta misma encuesta, en una proporción que supera el 80 % tienen un pésimo concepto de ellos. Por su parte los partidos políticos tienen una imagen negativa del 89 %, peor que la de las Farc, que se sitúa en el 81 %. La aversión por los partidos políticos es mayor entre los jóvenes, entre los 18 y 28 años, pues sólo 1 de cada 10 de ellos se identifican con algún partido y manifiesta confiar en ellos (¡!).
Ello es un reflejo, a su vez, de la percepción que se tiene por parte de la opinión pública sobre el rumbo que está tomando el país, a tal punto que el 75 % de los encuestados cree que en general las cosas en Colombia están empeorando. Así mismo, el 79 % conceptúa que la economía va por mal camino, el 80 % manifiesta su preocupación por el desempleo, cuya tasa volvió a los dos dígitos.
De allí que las prioridades para los colombianos, según Invamer, en su orden, sean el desempleo con el 20.1 %, la corrupción con el 19.8 % y la atención en salud con el 18.8 %, en tanto que la implementación de los acuerdos con las Farc, no obstante que según las Naciones Unidas el nivel de cumplimiento de los mismos a duras penas va en el 18.7 %, ocupa el 10º lugar, con el 3.3 % de los consultados, entre los principales problemas que consideran deberán avocar quienes salgan elegidos al Congreso y a la Presidencia de la República. Así se explica que quienes habían montado su campaña en el caballito de batalla de echar atrás la elegibilidad de los cabecillas de las Farc y los beneficios de la Justicia transicional para que purguen cárcel por sus delitos se hayan bajado de él. Este planteamiento no sólo no encontró eco entre los electores, sino no tiene asidero en el ordenamiento jurídico del país.
Además, la motivación del sufragante para depositar su voto en las presidenciales difiere mucho con respecto a las parlamentarias, máxime cuando los partidos políticos y sus montoneras, además de haberse reducido a ser dispensadores de avales, están en desbandada. En lo que sí estoy de acuerdo con ella es que “después de las parlamentarias se consolidarán las alianzas, que serán definitivas en la elección del próximo Presidente”. En ese sentido el 11 de marzo se corre la “pole position” y al día siguiente se sabrá, conocido sus resultados, cómo quedará cada aspirante presidencial en la “grilla” de partida.