Por *Mauricio Villarreal Ibarra
Hoy día, en medio de tanto populismo punitivo y de juristas de redes, se requiere proteger el sistema legal, la presunción de inocencia y el debido proceso para que emerjan como baluartes fundamentales que garantizan la equidad y la justicia. Estos principios, a menudo subestimados, constituyen los pilares esenciales sobre los cuales se erige la imparcialidad en el ámbito judicial.
La presunción de inocencia, consagrada en innumerables códigos y declaraciones de derechos, establece que todo individuo es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad de manera fehaciente.
Este principio no solo refleja un respeto fundamental por la dignidad humana, sino que también protege a los ciudadanos contra acusaciones infundadas y juicios precipitados. Es un recordatorio crucial de que la carga de la prueba recae en el acusador, y no en el acusado.
Concomitantemente, el debido proceso, un derecho consagrado en las democracias modernas, garantiza que cada persona enfrentando un proceso judicial reciba un trato justo y equitativo. Este concepto implica el derecho a ser informado de los cargos, el acceso a una defensa efectiva, la posibilidad de presentar pruebas y ser juzgado por un tribunal imparcial. En la esencia del debido proceso reside la noción de justicia como un camino hacia la verdad, desprovisto de atajos y garantizando que ningún individuo sea privado de sus derechos sin un proceso legal adecuado.
La figura del abogado en este escenario no puede ser subestimada. Más que un simple defensor, el abogado es el guardián de los derechos individuales, el escudero que vela por la justicia. La elección de un abogado competente no solo es un derecho, sino también una estrategia fundamental para asegurar que el acusado esté debidamente representado. Un buen abogado no solo comprende la complejidad de la ley, sino que también es un defensor apasionado de la presunción de inocencia, trabajando incansablemente para desentrañar la verdad y garantizar que su cliente reciba un juicio justo.
En un contexto donde las acusaciones rápidas y la presión mediática pueden influir en la percepción pública, el abogado se convierte en un escudo contra la injusticia. Su papel va más allá de la sala del tribunal; es un defensor de la integridad del sistema legal y un garante de que los principios fundamentales de la presunción de inocencia y el debido proceso sean respetados.
La importancia de estos pilares no radica únicamente en la protección individual, sino en la salvaguarda de la integridad de la justicia misma. Cuando la presunción de inocencia y el debido proceso se debilitan, la confianza en el sistema legal se resiente, erosionando la base sobre la cual descansa la sociedad justa y democrática que todos buscamos.
En un mundo donde la información se propaga rápidamente y las opiniones se forman con facilidad, recordemos la importancia de estos principios fundamentales. La presunción de inocencia y el debido proceso no son meras formalidades; son los cimientos sobre los cuales se construye la justicia. En su ausencia, nos arriesgamos a erigir una estructura frágil y propensa a la injusticia. Como sociedad, debemos ser celosos guardianes de estos principios, asegurándonos de que la balanza de la justicia permanezca equilibrada y que todos, sin importar su estatus o circunstancias, gocen de un juicio justo y equitativo. (*Abogado litigante – director ejecutivo de Villarreal & Asociados.)