Por José Félix Lafaurie Rivera
Por primera vez desde que iniciaron las negociaciones de paz, la sociedad está aterrada con las mil y una exigencias de las Farc. Sus pretensiones, hasta el momento, son tan inverosímiles como irrealizables.
Sus intereses político-estratégicos, rebasan cualquier cálculo presupuestal, político y temporal. Aunque, si de algo ha servido la sumatoria de demandas, ha sido para notificarnos que esta apuesta del narcoterrorismo para refundar el Estado, podría salir muy costosa y hacer inviable un acuerdo, con este o cualquier otro gobierno.
La propuesta no es otra que la expresada en su “Octava Conferencia Nacional”, de principios de los 90. El objetivo: materializar –por la vía política, armada o la combinación de ambas– una reforma política, económica y social del Estado. Lo que explica por qué permanecen en La Habana.
Así, mientras la guerrilla mantiene un discurso que aprovecha las inequidades sociales –no porque les interese, sino porque les resulta políticamente rentable–, el gobierno trata de imaginar la Colombia del posconflicto, les obsequia un escenario para hacer política, suaviza la lucha antiterrorista y hiere de muerte la maduración y el fin de la guerra.
Las Farc quieren el poder. No importa si no representan a nadie, si no tienen el favor popular o han cometido crímenes atroces. Por eso exigen garantías para el ejercicio de los derechos políticos para todos los guerrilleros, incluidos los “prisioneros de guerra”.
Pero, además, una “circunscripción especial de paz”, que asegure su “participación directa” en el Poder Legislativo, Asambleas y Consejos. Ello “sin menoscabo del otorgamiento extraordinario de curules”, sin votos que la respalden en franca lid.
Exigen financiamiento para sus partidos, eliminación del umbral y acceso a los medios –que deberán ser democratizados–.No obstante, el Estado tendrá que proveerles un canal de TV, uno de radio, un periódico, una revista e internet y, a la par, participación en las instancias de planeación de políticas públicas.
Dejan claro que no les sirve el Marco Jurídico para La Paz, no entregarán las armas, no se acogerán a una Justicia Transicional que les implique pagar cárcel y menos reparar a sus víctimas.
Están es exigiendo la rendición del Estado y la sociedad, para imponer el modelo cubano o bolivariano. Si no es lo que queremos ¿por qué no detenemos la farsa de La Habana? ¿Por qué se empeña el presidente Santos en asegurar que firmará La Paz, cuando las evidencias apuntan en contrario? ¿Cómo un gobierno que se empeñó en reconocer a las víctimas –las Farc son de lejos el mayor victimario– permite la burla a su memoria, cuando en tono jocoso Márquez pregunta a Santrich si estarían dispuestos a pedirles perdón, la respuesta en medio de risas fue: "Quizás, quizás, quizás".