El tema del hacinamiento en las cárceles del país se ha tornado en un problema de nunca acabar, son años, hasta décadas, hablando del mismo asunto y por el momento no se vislumbra una solución definitiva.
La situación carcelaria en el país es preocupante. Sin embargo, en ese mismo contexto lo que está pasando en Valledupar lo es aún más, aquí las cosas han pasado a extremos demasiadamente exagerados, según las descripciones hechas por el delegado para los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación, Javier Sarmiento, quien acaba de hacer inspecciones directas en las cárceles de esta capital y encontró que el hacinamiento está en un 960 por ciento.
“Los internos están apiñados que casi no hay espacio para moverse, no hay espacio para dormir y se está gestando una olla de presión, una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar si no se toman correctivos inmediatos”, ese fue el tono de las declaraciones que el funcionario de la Procuraduría entregó a la emisora Radio Guatapurí.
Realmente el procurador delegado dibujó un panorama caótico, al punto de compararlo con las escenas vividas en los campos de concentración nazi de la segunda guerra mundial, en los cuales se violaban todos los derechos humanos y se desbordó completamente la capacidad de asombro frente al horror.
En conversaciones con EL PILÓN el procurador delegado también fue radical en sus apreciaciones y conceptuó que el problema no da espera, es una triste realidad que urge de medidas inmediatas tanto por el Gobierno nacional como por las mismas autoridades locales, al punto de considerar que es inminente una tragedia humana si no se actúa a tiempo.
Es un drama que no solamente afecta a la población carcelaria, incluidos los mismos guardianes del INPEC, sino a todos los eslabones de la cadena familiar de cada recluso y de cada funcionario de esos centros reclusorios.
Es larga la lista de factores para esa población afectada: graves vulneraciones a los derechos humanos, brote de tuberculosis, distintas enfermedades contagiosas, además de maltratos físicos, denuncias sobre riesgos de inseguridad, extorsión, alimentación sin cumplir los requisitos requeridos, entre otros.
Como medio de comunicación que vela por el respeto de los derechos humanos no podemos dejar de advertir la calamidad humana de la población carcelaria, además de conminar a toda la institucionalidad, en todos los niveles, a dimensionar el problema en su justa medida y en ese mismo sentido tomar los correctivos que se requieren.
Se sabe de algunas medidas anunciadas por la Alcaldía de Valledupar, tales como el traslado de reclusos entre una y otra cárcel, adecuación de baterías sanitarias, construcción de un centro transitorio, entre otras.
Esas acciones de algo podrán servir, pero sabemos que esos son simples analgésicos para la fiebre, cuando en realidad se necesita un tratamiento médico para combatir de raíz el origen del mal de esa terrible enfermedad.
Nos alienta saber que el próximo 15 de diciembre la Procuraduría le hará nuevo seguimiento a la situación y a las medidas que deben adoptarse desde ya. Seguiremos atentos y vigilantes.