Al momento de escribir esta columna, me entero que las comisiones económicas del Congreso confirman un presupuesto de $4.088 billones al ministerio de Agricultura, para el año 2023, con los cuales debe comenzar a saldar las deudas que tiene el Estado con los productores del campo.
Claramente, ese monto tendrá que ser replanteado o completado con recursos de otros ministerios y de las regalías que son asignadas a las gobernaciones y alcaldías, para poder cumplir las metas de los tres ejes fundamentales de la reforma agraria. Me refiero a: i) dotación de activos productivos; ii) dotación de bienes públicos y iii) modelos productivos sostenibles.
Dotar al sector rural de activos productivos -dentro del marco de la reforma agraria anunciada por el Gobierno-, implica adjudicar a la población rural, tres millones de hectáreas con semillas, fertilizantes, agroquímicos, maquinaria, equipos y asistencia agronómica gratuíta.
Este combo puede costarle al Gobierno unos 60 billones de pesos en los próximos cuatro años. Este modelo de reforma agraria fracasó en el pasado. La mayoría de los adjudicatarios terminaron vendiendo posteriormente sus predios.
Todavía no he podido saber quién de los integrantes del acuerdo de paz sacó debajo del sombrero esa idea de comprar tres millones de hectáreas para regalarlas en pequeñas parcelas. El gobierno podría ahorrarse tiempo y plata, si en vez de salir a comprar tierras, adquirirlas o expropiarlas con indemnización o a través de extinción de dominio administrativo por inexplotadas, opta más bien, en financiar a grupos de pequeños adjudicatarios la adquisición de los predios en una zona homogénea integrada a un proyecto productivo operado a través de un núcleo agroindustrial. Para eso cuenta con el Holding financiero “Bicentenario” integrado por Finagro, Banco Agrario, Fiduagraria, La Previsora y la Bolsa Mercantil de Colombia.
Ellos, pueden servir como vehículo de financiación y garantía del buen uso y destinación de los recursos de créditos la comercialización y la fuente de repago de la deuda que no puede ser inferior a 20 años.
¿Cuáles son las ventajas de este modelo para el Estado? Pues, el gobierno se coloca en una posición muy favorable para establecer “a priori” el presupuesto necesario para ayudar al desarrollo de su política de distribuir ayudas para el ordenamiento productivo y el aumento de la productividad, rentabilidad y competitividad del sector agropecuario.
Además, reduce automáticamente su contribución económica. Solo contribuye poniendo a disposición de aquellos productores del campo, los recursos de financiamiento y seguros de cosechas para aquellos que verdaderamente desean desarrollar de forma empresarial sus explotaciones. Las ventajas para el Holding financiero, es la reciprocidad ofrecida en el manejo del 100% de los recursos, garantías y fuente de pago por el mismo plazo del crédito, a través de sus entidades financieras.
Y ¿Cuáles son las ventajas para el agricultor y la agroindustria? La inversión del proyecto productivo es en un solo predio y la administración del cultivo (instalación, mantenimiento, sanidad, cosecha) está a cargo de un solo operador logístico, lo cual permite aumentar la productividad y reducir los costos de producción, transporte, transformación y comercialización de las producciones. Los ingresos mejoran para ambos, por aquello de la economía de escala. Piénselo.