Cansado del estrés y la angustia que produce Bogotá con tanta restricción y bloqueos por parte de la alcaldesa y los manifestantes, decidí irme a trabajar un par de semanas desde la región Caribe.
Lo primero que pude observar en mi recorrido de unos 1.000 km, desde Bogotá hasta Barranquilla, es que el programa de los 8.000 km de carreteras 4G que prometió construir el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en el año 2014, incluyendo 1.370 km de doble calzadas y 160 túneles, para mejorar la competitividad del país, fue un total fracaso. La mayoría de los tramos están inconclusos y los que lograron terminar están en mal estado.
Claramente esa plata se perdió y a la actual ministra de Transporte, Angelá María Orozco, le tocó en estos tres años pasársela subiendo y bajando escaleras en los edificios de la Fiscalía, juzgados y tribunales de arbitramento, tratando de recuperar algo y enderezar los entuertos e incumplimientos de varios concesionarios y del campeón de los escándalos de corrupción en Colombia, Odebrecht, y su segundo tramo de la Ruta del Sol.
Otra foto que empaña la atractiva geografía de esta región son los monumentos a la corrupción que se construyeron en los municipios mineros del departamento del Cesar con las regalías del carbón. Los alcaldes de turno de los municipios de La Jagua de Ibirico, Becerril, Chiriguaná y El Paso se dedicaron a construir avenidas que no se transitan, complejos deportivos que están completamente abandonados y escenarios musicales que se utilizan cuatro días al año, mientras su población se muere de hambre por falta de oportunidades de empleo.
Lo peor del cuento es que siguen apoyando este tipo de vagabunderías. Con la bendición del director del DNP acaban de aprobar una inversión de $138.817 millones, para construir el ‘Museo del vallenato’, cuando ya tienen un Parque de la Leyenda Vallenata. Una inversión inoportuna en esta coyuntura de crisis de la salud, económica y social, y en una ciudad que ocupa un puesto indecoroso en el ranking de la pobreza y el desempleo del país.
Cuando me sumergí en las zonas agrícolas y ganaderas de varios municipios rurales del sur de La Guajira, Cesar y Magdalena, constaté lo que vengo denunciando hace años en esta columna. De cada 10 agricultores y ganaderos que entrevisté, 8 no tenían sus títulos de propiedad al día, no tienen acceso a crédito, nunca han recibido un curso de capacitación en buenas prácticas agrícolas y sus cosechas las venden en la carretera o al primer intermediario de su municipio a precio de huevo, porque los mandatarios locales (gobernadores y alcaldes) se han dedicado a enterrar los dineros públicos de las regalías y demás fondos de inversión social en monumentos al cemento y al concreto, cuando debieron invertirlos en infraestructura de vías, energía, comunicación, riego y centros de emprendimiento rurales, para fomentar la capacidad y el desarrollo agrícola e industrial, para no tener que traer desde el interior (a 1.200 km de distancia) los alimentos que consumen diariamente los 11 millones de costeños. A esos productores del campo hasta la muerte les llega tarde.
Desafortunadamente, esta es la otra cara del país.