Los nuevos mandatarios el primero de enero de 2016, iniciarán cargados de entusiasmo y alegría, pero así mismo, estarán llenos de desafíos y retos propios de la realidad local, regional, en un contexto nacional al que le sobrevienen cambios.
Para afrontar esta dinámica deberán estar alerta y preparados, un ejemplo de ello es el inminente ingreso de Colombia a la OCDE. Este exige a los nuevos mandatarios estar alerta y participar en la aplicación de las recomendaciones que dicho organismo plantea. A nivel territorial estas recomendaciones se pueden resumir en cuatro grandes temas (la fuente de consulta utilizada fue un documento elaborado por el profesor Carlos Zorro – Uniandes).
1. La OCDE recomienda mejora en la cantidad y calidad de las estadísticas regionales y locales, son insuficientes para adelantar políticas territoriales sólidas, que impiden clasificar a las comunidades en función de características como densidad de población, proximidad a los centros urbanos y accesibilidad regional, relevantes hoy para la toma de decisiones.
2. La OCDE recomienda dotar a las autoridades subnacionales de mayor autonomía y capacidad para adaptar a sus propias especificidades las grandes orientaciones de las políticas nacionales. Esta adaptación debe permitir a tales autoridades no solo moldear las políticas en función de las necesidades y oportunidades de sus territorios sino implementar y monitorear tales políticas.
3. La OCDE recomienda que las políticas nacionales de desarrollo territorial limite proyectos de pequeña escala. Es indispensable “escalar” esta forma de operar, conformando programas que articulen y armonicen esos proyectos, con perspectivas de mediano y largo plazo, en niveles eventualmente supra-departamentales y reflejando la distinción, cada vez más necesaria, entre políticas territoriales urbanas y rurales.
4. La OCDE recomienda que se actualice el sistema de transferencias del gobierno central a los municipios, ya que los criterios utilizados que han venido perdiendo vigencia en la realidad contemporánea, se actualice. Para actualizarlos es preciso no solo aumentar la autonomía de los municipios y departamentos en cuanto a recaudos, sino en cuanto a la asignación de los recursos provenientes de tales transferencias, y cuya evaluación debe basarse más en resultados e impactos que en el cumplimiento de los requisitos formales establecidos.
Indudablemente, estos planteamientos exigen un profundo cuestionamiento y preparación de nuestros mandatarios, y entidades territoriales. ¿Estaremos preparados para esa discusión y cambios?