Todo parece indicar que la ineficiencia de los contratistas, la negligencia de los servidores públicos, sumado a la corrupción natural del sector público, parece que son las causas que conllevan al atraso de las obras públicas que hoy se encuentran sin terminar en muchas partes del país durante este cuatrienio de gobierno local y seccional que está por concluir, lo cual pone de relieve serios problemas en materia de contratación pública, originados principalmente por la inadecuada planeación del contrato, como resultado de la concepción de fraudulentos procesos de contratación que se direccionan a determinados contratistas; lo que de hecho genera casi siempre gastos injustificados por mayor permanencia en obra y reajustes del equilibrio económico del contrato y como siempre terminan financiados con dinero del bolsillo del ciudadano contribuyente, vale decir, la negligencia u omisión de la administración en cabeza de sus servidores públicos nos cuesta a todos.
En suma, la culpa no siempre es del contratista, pues existe un sinnúmero de circunstancias que generan estos atrasos y sobrecostos de las obras que le cuestan millones de pesos a la Nación por culpa exclusiva de las administraciones; para citar un ejemplo que suele presentarse frecuentemente, tal es el caso de las administraciones que no entregan a tiempo los estudios, planos y diseños de la preinversión a los contratistas después de haberse iniciado la ejecución del contrato, lo cual hace que estos reclamen y esas peticiones se traduzcan en cuantiosas indemnizaciones porque dicha omisión o negligencia de la administración hace que se pare la maquinaria dispuesta para la obra y a los trabajadores empleados en el sitio de construcción; claro está, esto sin contabilizar el mal uso de los anticipos que muchas veces se utilizan para pagar las mordidas de rigor.
De esta clase de incompetencias se desprenden la mayoría de los sobrecostos, los cuales son disfrazados bajo argumentos como demandas por expropiación de predios, invierno o el descubrimiento de algún tubo del acueducto o red pública que no estaba contemplado en el plano inicial, tal como lo denunciara en alguna ocasión Daniel Polania.
A decir, verdad no conozco mucho de los avances de las obras que ha contratado el departamento del Cesar, pero por los medios de comunicación con ocasión de una auditoria que hiciera la Contraloría General de la República, me enteré que existen varias obras en esas circunstancias, siendo las más sonadas la construcción de la Universidad Nacional sede Caribe, la construcción de la vía al municipio de Pueblo Bello y los polideportivos de La Paz y Manaure, las cuales ya excedieron los plazos iniciales previstos para entregar las mismas y las obras siguen bastante atrasadas.
En este sentido y para evitar estos problemas, es necesario frenar la complacencia con los contratistas y por el contrario exigir el cumplimiento del objeto contractual en el tiempo pactado; además de aplicar las medidas coercitivas y sancionatorias señaladas en el contrato sin contemplación alguna; pero además de esta medida, se deberá reforzar el uso y puesta en práctica de normas éticas y códigos de conducta que propicien y fortalezcan los valores de probidad, honestidad y eficiencia por parte de los servidores públicos.