Una de las principales características del subdesarrollo económico y social es el alto desempleo, la informalidad, la pobreza y marginalidad de amplios sectores de la población.
A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, incluyendo los últimos gobiernos, Colombia sigue siendo un país con unas tasas altas de desempleo (superior al 14%), pobreza (45,5%) e indigencia (16,4%), problemas estos que obligan a la intervención efectiva, eficiente y transparente por parte de distintas agencias del Estado, con el fin de combatirlos y lograr reducir la inequidad y la justicia social.
El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales del Estado, más conocido popularmente como Sisbén, es un instrumento que ha demostrado sus aspectos positivos en la medida en que permite identificar y focalizar los subsidios que se requieren destinar a la población más pobre del país. Son millones los colombianos que gracias a este instrumento han logrado acceso a programas sociales como la atención en salud (régimen subsidiado), educación, vivienda y familias en acción, principalmente.
No obstante lo anterior, por distintos factores el Sisbén no ha estado exento de problemas como la corrupción y el clientelismo, ya que muchos alcaldes, concejales y otros servidores públicos, los han utilizado con fines politiqueros, desvirtuando su razón de ser.
El propio Director Nacional de Planeación (DNP), Esteban Piedrahita, ha reconocido que existen millones de personas “coladas” en el Sisbén, es decir que por su condición económica y social no deberían estar incluidos en el mismo. Esta situación es grave, ya que al estar personas y familias incluidas en el Sisbén sin merecerlo le quitan la misma posibilidad a muchas otras que si lo requieren y hoy no están en él.
Es necesario y urgente depurar a fondo las bases de datos del Sisbén, controlar los fraudes que hoy se le están haciendo al sistema; la corrupción y el clientelismo que hoy pueda existir en torno al mismo, con el fin de lograr una base de datos en la cual estén los que deben estar y canalizar así los diversos programas sociales de los cuales el Estado dispone para combatir la pobreza y la marginalidad.
Pero adicional a lo anterior, se requiere establecer más controles de acceso al Sisbén, incluyendo monitoreo a su permanencia; ya que las ayudas del Estado no se pueden convertir en un estímulo a la informalidad laboral, de una parte, deben ser temporales y vinculadas a programas de educación, capacitación y reentrenamiento laboral; lo contrario, es estimular el asistencialismo que se debe superar con el fin de evitar una cultura de aversión al trabajo formal y productivo, como en algunos sectores de la población puede estar ocurriendo hoy en día.
El gobierno nacional que asuma el próximo 7 de agosto debería disponer en su Plan de Desarrollo económico y social, de instrumentos que reconozcan y premien a los departamentos y municipios más exitosos en sus programas y políticas públicas encaminadas a luchar contra la pobreza y la marginalidad.
Pero también corresponde a los organismos de control, es decir a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, sancionar de manera drástica a los funcionarios públicos que se presten para hacerle fraudes al Sisbén; como también a facilitar los malos manejos con estos recursos públicos que son sagrados y que tienen la loable misión de aliviar en algo la situación de los más pobres entre los pobres.