Por: Amylkar D. Acosta M1
El auge de la actividad minera en la última década está asociada al apetito de los países emergentes por las materias primas y al alza inusitada de los precios de estas insuflados por la creciente demanda. Ello se ha traducido en una importante afluencia de inversión en el sector minero, la cual acapara el mayor porcentaje de la inversión extranjera directa (IED), al tiempo que su peso en el PIB pasó del 4% en 1995 al 7.8% actual. Este boom de la minería en la última década coincidió con el debilitamiento de la autoridad ambiental y el relajo de la autoridad minera, los cuales contribuyeron a un desarrollo de la actividad minera en el país sin orden ni concierto.
El Ministerio del Medio Ambiente terminó refundido en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), al tiempo que Ingeominas vio desbordada su capacidad administrativa por el alud de solicitudes de licencias. La proliferación de licencias, aún en zonas vedadas para la minería como son los páramos, además de la falta de vigilancia y control, encendieron todas las alarmas.
Así como en su momento se puso de moda hablar de la responsabilidad social empresarial, ahora está en boga el concepto de la minería responsable, aun que no falta quienes incluso hacen alarde de una supuesta minería sostenible, concepto este que entraña un verdadero contrasentido, toda vez que se trata de la extracción de un recursos no renovable. Varios voceros de la gran minería han coincidido en defensa de su gestión en que lo que no es cultivado es minado, lo cual significaría en buen romance que no habría cabida para las zonas protegidas, tales como los bosques, las reservas forestales y los humedales Ramsar, así como los parques naturales. Ello es lo más contrario a la minería responsable. No faltan quienes consideran que su responsabilidad está dada por los pagos que recibe el Estado a cambio de la explotación del recurso minero.
La minería responsable pasa por asumir los costos del manejo y mitigación del impacto ambiental de su actividad. Ahora bien, la minería responsable debe ir de la mano con la responsabilidad social por parte de las empresas, que no pueden ser ajenas a la suerte de las poblaciones asentadas en el entorno de sus actividades. Claro que no se debe confundir la responsabilidad social con la filantropía o la beneficencia, debe ir mucho más allá; al decir de León Teicher, Presidente de la empresa El Cerrejón, las empresas no deben contentarse con hacer lo mínimo necesario, como por cumplir, por las comunidades sino lo máximo posible.
No basta con pagar las regalías e impuestos estipulados en la Ley y/o en los contratos respectivos. Como lo plantea Javier Gutiérrez, Presidente de Ecopetrol, “somos empresas viables en regiones que no lo son y por eso es necesario que hagamos contribuciones para mejorar sus condiciones de desarrollo social y económico”.
Este planteamiento va muy en línea con el nuevo paradigma que se ha venido imponiendo en la gestión empresarial, el denominado por Michael Porter y Mark R. Kramer Valor compartido, según el cual “las empresas deben volver a conectar el éxito de la empresa con el progreso social. Ello no debe estar al margen de los que las empresas hacen sino en el centro”. Así y sólo así las empresas obtendrán hacia el futuro la Licencia social que requieren para proseguir sus actividades de extracción de los RNNR, la cual en un momento dado será tanto o más importante que la licencia ambiental. Ello, en razón de que en las regiones en donde se vienen dando estos desarrollos se ha venido incubando el germen del descontento y la inconformidad de las comunidades por el trato recibido, los cuales pueden derivar en la indignación social.
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