Una de las características más deprimentes de la pobreza, y en particular de la pobreza extrema, es la falta de una vivienda digna. En Colombia se estima que el déficit de vivienda puede alcanzar el millón doscientas mil viviendas; pues se trata de un problema que afecta a millones de familias.
En Colombia, al igual que en otros países de América Latina, muchas familias han acudido a la vía de las invasiones de terrenos ajenos, privados o públicos, como una forma de hacerse a un pedazo de tierra y comenzar allí a construir una vivienda, en condiciones precarias, por supuesto.
En algunos corregimientos de Valledupar, pero también en casco urbano, se ha denunciado que se vienen presentando fenómenos de invasión, por parte de personas y familias enteras que argumentan no tener vivienda y – por lo tanto- han acudido a este expediente para tratar de conseguir una vivienda. Esta es una mala práctica.
Comprendemos que se trata de una situación apremiante la que viven estas familias, como dice el conocido son, “la pobreza es una mancha, compadre, que no la quiere ninguno”; pero esa misma condición de pobreza no puede justificar acudir a las vías de hecho y atentar contra los propietarios de terrenos susceptibles de urbanizar para adelantar programas de vivienda. Ya que se trata de una violación a los derechos de propiedad.
Desde estas páginas hemos abogado por políticas del gobierno nacional, departamental y municipal, de apoyo a la construcción de vivienda de interés social, es decir para los sectores medios y para la gente más pobre, incluyendo a familias de desplazados que han llegado al departamento del Cesar en busca de un futuro menos difícil.
La misma situación que se está presentando en esos corregimientos, como en Badillo, El Jabo y Valencia de Jesús, entre otros, ratifican la necesidad que el Estado adelante intensivamente programas de vivienda social en la zona rural, que fue una de las propuestas del Alcalde Luis Fabián Fernández Maestre, durante su campaña.
A través de Fonvisocial, la administración municipal viene adelantando programas de vivienda en la ciudad; también hay que destacar la labor que realiza en la canalización de subsidios para este sector de la población la Caja de Compensación Familiar (Comfacesar); seguramente se requieren más programas de vivienda de interés social tanto en la zona urbana como en la zona rural, ya que las necesidades son mayores a la oferta, pero esto no puede justificar, reiteramos, acudir a las vías de hecho.
Este tipo de programa, es decir la inversión pública en vivienda de interés social, además de resolver un problema social contribuye a la generación de empleo y bienestar, y así lo comprende el gobierno nacional que ha definido al sector de la vivienda como una de las locomotoras o sectores líderes por estimular, en su plan de desarrollo “Prosperidad para todos”.
La administración municipal debe considerar la posibilidad de invertir más en vivienda de interés social, e invitar a otros actores a hacer lo mismo; pero no puede permitir que por la vía de las invasiones se pretenda solucionar el problema de vivienda de estos sectores de la población. Tampoco puede permitir el Señor Alcalde que se utilice su nombre con este fin; la misma advertencia es válida para los concejales. Sería muy grave que se confirmara que existe algún concejal o algún funcionario de la administración prohijando este tipo de prácticas ilegales, como son las invasiones. Las invasiones hay que impedirlas y combatirlas con todo el peso de la ley.