Trámites que en teoría deberían ser simples en una EPS, como apartar una cita médica, o más complejos, como la autorización para un tratamiento especializado, son igual de traumáticos en la mayoría de entidades promotoras de salud en Colombia. Largas filas, asignación en fechas lejanas, problemas del sistema, falta de convenios con IPS, entre otras excusas reciben los pacientes, que en los peores de los casos resultan víctimas de los llamados ‘paseos de la muerte’.
Sin embargo, las EPS culpan a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, de su mala hora. Argumentan que la crisis financiera se debe a la creciente demanda de servicios no incluidos en el plan de beneficios, cuya financiación es responsabilidad del Estado, a través de dicha entidad.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI, estima que las deudas acumuladas vencidas a más de un año, son de $2.6 billones, que representa la mitad de las deudas del sistema con las EPS, siendo este el principal desafío del sistema de salud para el próximo gobierno.
ACEMI reveló que al corte de junio los recobros presentados que están en trámite se estima que ascienden a $1.7 billones de los cuales están en mora de respuesta $1.01 billones; recursos que deberían ser reconocidos y girados de manera inmediata por el ADRES. También aseguran que por cada mes de retraso adicional las EPS dejan de recibir cerca de $300.000 millones, afectando seriamente el flujo de caja. Pero los más afectados por las dificultades presupuestales no son las EPS, la ‘cuenta de cobro’ se le pasa a los usuarios, que hacen sus aportes mensuales y reciben un paupérrimo servicio.
Lo que no se entiende, es cómo si hay EPS con buen servicio, como Sura, Sanitas, Aliansalud, la Asociación Mutual Ser Empresa, Caja de Compensación Familiar de La Guajira y la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó, calificadas el año pasado por los usuarios como las mejores del país.
En el Cesar hay casos trágicos. Así lo reveló la Secretaría de Salud Departamental al sugerir que se deshabilite a Coomeva EPS en esta zona porque con su desfinanciación tiene en riesgo la atención de 58.600 usuarios.
En ese contexto, aclaramos a los usuarios que no deben temer retirarse de las EPS que les prestan mal servicio, porque al afiliarse a otra debe esta darle continuidad a los tratamientos médicos que requieran.
Hacemos un llamado al nuevo Gobierno para que haga los ajustes necesarios que permitan meter en cintura a las EPS que están incumpliendo. Hay gran reto por delante para Juan Pablo Uribe, director de la Fundación Santa Fe, quien asumirá como ministro de Salud; para Juan Pablo Uribe Restrepo, con las riendas de la Superintendencia de Salud, y para Alberto Carrasquilla, que desde el Ministerio de Hacienda deberá revisar las partidas presupuestales para que no haya excusas en las malas cuentas que están entregando las entidades promotoras de salud.