Por: José Félix Lafaurie Rivera*
Justo sea abonarle al Plan Nacional de Desarrollo (PND) propuesto por el Gobierno, por el reconocimiento palmario de las enormes brechas económicas y sociales que surcan el país y por las loables metas para reducir el desempleo y la pobreza y afianzar el crecimiento y la seguridad.
No obstante, la búsqueda de un desarrollo regional y rural más homogéneo, necesita miradas creativas para acercar e integrar. Mi sentir es que desborda optimismo, pero se queda corto en los lapsos y, más aún, en las estrategias para corregir dinámicas atávicas de abandono estatal y despilfarro e ineficiencia de las entidades descentralizadas.
De entrada, el plan invita a matricularnos en el “club de los países desarrollados”. Un “gran salto” que implica multiplicar por dos o tres nuestra productividad y no menos de una o dos décadas, para alcanzar un ingreso per-cápita comparable. ¡Qué más quisiéramos! Pero el asunto es que la única locomotora en marcha es la del sector minero-energético. Las demás cojean y la agropecuaria –clave en la generación de empleo, reducción de pobreza y seguridad alimentaria– tardará mucho en activarse. No sólo porque está bajo el agua –condición que plantea retos complejos para su reconstrucción–, sino porque su atraso es ancestral y superlativo.
El asunto es que seguimos apuntando a mayores niveles de apertura y competitividad, pero las decisiones se cifran en información poco confiable, que ha hecho terriblemente falibles las políticas públicas. Desde la década de los 70 no tenemos, por ejemplo, un censo nacional agropecuario y, por ende, tampoco una política pública integral de desarrollo rural. Ello explica por qué no logramos reconocer asimetrías intra-sectoriales, para eliminar piedras en el zapato de los subsectores en temas como la intermediación, la estructura de costos de producción o la asistencia técnica.
Tampoco advertimos nuevos paradigmas para saldar las escasas articulaciones entre las geografías económicas –urbana y rural–, medidas no sólo por las distancias en la disposición de bienes públicos para una y otra, sino por la precariedad institucional –desde el centro y la subnacional – para impulsar esta locomotora. Basta mirar hacia el país que hoy está anegado. La ruralidad sigue reclamando banca de fomento, vigilancia y control epidemiológico y sanitario, gestión del riesgo ambiental, vías secundarias y terciarias. Pero también jueces, hospitales, escuelas, ejército y policía y la garantía de una interconexión logística, de comercialización y transporte entre las zonas de producción y las de consumo.
Vistas desde el sector rural, las metas de un crecimiento económico del 6% anual, de reducción de la pobreza –de 45,5% a 40%– y generación de empleo –2 millones de nuevas plazas– tendrán que pasar, por un examen exhaustivo de los ejes trasversales considerados hasta el momento.
La revisión no puede desconocer el entono microeconómico de los productores, como tampoco las variables macro asociadas a la urgente reorganización del territorio productivo rural. La mirada que tendrá que abordar las articulaciones que se deben producir entre las regiones, las cinco locomotoras y los efectos de las leyes de víctimas y regalías, para sólo citar algunos factores.
Priorizar para el cuatrienio, articular y dar inicio a las obras de largo plazo, son acciones básicas, si lo que buscamos es romper con el inequitativo esquema de desarrollo regional. Más aún porque la magnitud del desastre invernal no da lugar a error y la exigencia de competitividad rural, no puede seguir esperando. Una locomotora no funciona sin la garantía de un escenario real para su desarrollo. Con todo y las buenas intenciones y el optimismo que desborda el PND, necesitamos debatir y consensuar, para que el bienestar llegue por capilaridad y consolidar “una sola Colombia”.