El debate sobre el funcionamiento de las redes sociales se ha mantenido vigente durante mucho tiempo. En estos espacios a los que la mayoría de las personas tienen acceso, se presentan una serie de situaciones que en muchos casos van en contra del bienestar de los mismos internautas y afectan en determinadas ocasiones la integridad de los usuarios.
Por este motivo en la Corte Constitucional se realizó una audiencia pública sobre “Libertad de expresión en el uso de plataformas digitales” con el fin de continuar la discusión con relación al uso del internet.
De acuerdo con el abogado Carlos César Silva, el tema que allí se pone en discusión es el de la libertad de expresión, sobre el que explicó que se trata de un derecho que suele colisionar con otros derechos fundamentales como el derecho al buen nombre, el derecho a la honra y el derecho a la intimidad. “Ningún derecho es absoluto, ni siquiera la vida es un derecho absoluto porque también tiene limitantes. Por ejemplo, la legítima defensa es un limitante que tiene el derecho a la vida, la muerte digna, la eutanasia es un limitante e igualmente pasa con la libertad de expresión”, sostuvo el jurista.
Sin embargo, según Silva, ya esto ha sido tratado por la Corte Constitucional que viendo la jurisprudencia y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha expresado sobre la libertad de expresión cuando entra en colisión con los otros derechos ya mencionados, pero ahora se añade con relación al uso de las redes sociales como una nueva plataforma.
Además en esto se debe tener en cuenta que existen dos dimensiones; la información y la opinión. De esta manera, la información está sujeta a veracidad e imparcialidad mientras que la opinión no está condicionada de la misma manera porque es el pensamiento subjetivo de cada persona.
Ahora, sugirió el abogado, puede suceder que la Corte Constitucional admita que lo que se dice en redes sociales es lo mismo que se puede expresar en cualquier otra plataforma que sirva como medio de comunicación.
“La audiencia fue más para reflexionar, ya que existe una sentencia previa que expresa que en redes sociales la libertad de expresión tiene la misma salvaguarda, pero que no puede sobre pasarse y que debe utilizarse respetando los otros derechos”, destacó.
Para él, es probable que se cree un mecanismo en primer lugar para hacer una campaña pedagógica para que se utilicen bien las redes sociales y también para controlar la violación de la honra y el buen nombre. En esto, advirtió que se debe tener precauciones ya que podría llegar a ser usado para la censura. Igualmente, enfatizó Silva, que la libertad de expresión tiene una gran salvaguarda por la que incluso se protegen los insultos. Aunque advirtió que lo que no protege la Corte es que se expresen de manera concreta algunas denuncias que deberían estar sustentadas con pruebas, como el hecho de tildar a alguien de ratero, por ejemplo.
“Hay que entrar a ver eso porque en las redes sociales se le dice a la gente cosas que no son y a veces no sucede nada”, sostuvo.
Frente a las medidas que puede tomar una persona que se sienta agredida de esta manera, Silva indicó que puede interponer una acción de tutela contra una el agresor o una denuncia por injuria y calumnia. En este sentido, diferenció el hecho de que el primer recurso no busca que se tipifique o condene, sino que busca una rectificación a través del mismo medio, que en este caso sería una red social.
CASO DE RAFAEL MANJARREZ
Esta precisamente es la vía que tomó el compositor Rafael Manjarrez por las diferentes ofensas que ha recibido a través de redes sociales durante varios años de parte del acordeonero Rafael Ricardo Barrios. La raíz del problema se debe a ciertos desencuentros con relación a la desvinculación de Barrios de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Sayco.
“En Colombia la reputación depende de los organismos de control, no de lo que diga cualquiera”, expresó Manjarrez.
Ahora, el compositor espera que la Corte ordene a Ricardo Barrios, dado que no pudo probar las injurias en su contra, que se retracte y lo haga con la misma proporcionalidad y despliegue con que lo agredió por más de siete años. “Este es el último trámite procesal y después lo que viene es fallo”, agregó Manjarrez, quien calcula que entre dos o tres meses se emita el respectivo fallo.
De acuerdo a Manjarrez, “ha sido víctima del uso indiscriminado de las redes sociales, donde no solo se ha atacado su buen nombre, su derecho a la honra y la intimidad, sino que dentro estos ataques también se han visto perjudicados su esposa, hijas y su labor como notario público; por ende, solicitó ante la Corte Constitucional que Barrios repare el daño cometido de la misma manera y con el mismo despliegue, al no poseer ninguna prueba, retractándose de sus difamaciones”. Este medio de comunicación intentó comunicarse con Rafael Ricardo Barrios, pero resultó infructuoso.