Por: Indalecio Dangond Baquero
Esta semana tuve la oportunidad de analizar con algunos directivos de la Dirección Nacional del Partido Conservador (previa a la reunión de la bancada con el ministro de agricultura), ciertos aspectos del proyecto de ley de tierras que el Gobierno Nacional está tramitando en el Congreso de la República. En lenguaje parroquiano, podríamos decir que la ley de tierras es un mecanismo ágil que busca devolver en cuatro años, dos millones de hectáreas que les fueron quitadas a pequeños campesinos por parte de grupos alzados en armas, como también aquellos predios que fueron vendidos bajo intimidación y – en otros casos-, predios negociados bajo la presunción de la buena fe en zonas de presencia subversiva, tal como sucedió en la región de los Montes de María.
Para agilizar este proceso, el proyecto contempla la tipificación de los delitos de despojo y testaferrato y crea la jurisdicción agraria especializada en restitución. Además se creará un fondo de compensación para sufragarles a los empresarios predios que hayan adquirido de buena fe. Anteriormente le correspondía al campesino andar de juzgado en juzgado tratando de sustentar que esas tierras le pertenecían, ahora lo hará el Estado.
El inconveniente en el trámite de esta Ley, puede ser los recursos que demanda este proceso, se está hablando de una cifra que supera los 9 billones de pesos (el doble del presupuesto de sostenimiento e inversión del Ministerio de Agricultura en los próximos cuatro años) y el ministro de Hacienda no tiene de donde sacarlos.
Gracias a Dios, el ministro Juan camilo Restrepo es experto en hacienda y crédito público y seguramente encontrará alguna fórmula que permita garantizar los recursos para la prestación del servicio de asistencia técnica gratuita, capital semilla para los proyectos productivos asociativo y la compra de los predios a los propietarios que compraron de buena fe.
Dentro de esta misma estrategia, el Gobierno Nacional busca establecer unas zonas de reserva campesina como mecanismo legal para proteger la compra y venta de predios rurales. En estas zonas nadie podrá tener más de una Unidad Agraria Familiar UAF, la cual no sobrepasa las 20 hectáreas por familia en muchas regiones del país. Esta figura jurídica tiene un riesgo muy alto, porque si la decisión no va acompañada de un plan de inversión social y productiva, puede terminar condenando al pobre a ser más pobre.
Otros de los puntos donde no me cuadran las cuentas, son en el número de hectáreas respecto al número de desplazados. Según las cifras, en Colombia hay una población de 3 millones de personas desplazadas por la violencia y estamos hablando de restituir dos millones de hectáreas, es decir, hay mas desplazado que tierras. Para cubrir esta demanda habría que decretar como zona de reserva campesina al Vichada y Casanare. Estos procesos serán exitosos, siempre y cuando se permita el arriendo o comodato de grandes extensiones de tierras a inversionistas para incentivar la inversión del sector privado en proyectos productivos agroindustriales en alianza con los pequeños campesinos.
Un dato final, el 25% de los ingresos de las empresas europeas y americanas proviene de las alianzas estratégicas. En Colombia este modelo ha dado muy buenos resultados con los pequeños campesinos porque los empresarios proveen la asistencia técnica, el material vegetal certificado, consiguen el crédito y le aseguran la comercialización de su producto. Ahora están haciéndolos socios de la parte industrial. Este es el único camino de crecimiento económico genuino con progreso social. No hay más.