En lo que va del año, las autoridades han capturado a contrabandistas con miles de galones de combustible venezolano en el departamento del Cesar, pero esos esfuerzos parecen que de nada han servido, puesto que el negocio de la venta de gasolina en ‘pimpinas’ sigue creciendo.
Es tanta la acogida del negocio que los contrabandistas ya no se conforman con vender en ‘pimpinas’ (envases plásticos). Por ejemplo, en el municipio de La Paz ya hay estaciones de servicio ilegales con máquinas surtidoras y en las principales avenidas y calles de Valledupar hay ‘pimpineros’ frente a las narices de las autoridades.
Ni la nueva ley anticontrabando ha logrado desmontar el negocio de la gasolina ilegal, que de manera descomunal se ha ido extendiendo de norte a sur y de oriente a occidente en los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena.
Así cambiaron las sanciones
Los ciudadanos sorprendidos con más de 20 galones de combustible de contrabando incurren en el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, delito que según el artículo 320-1 del Código Penal estipulaba una pena de cuatro a nueve años de prisión, por lo que en la mayoría de los casos los capturados terminaban con detención domiciliaría por el poco tiempo de la pena.
Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1762 del 6 de julio de 2015, conocida como Ley Anticontrabando, esta modificó el artículo 320-1 con penas más duras para quienes sean sorprendidos con grandes cantidades de combustible y un poco más flexible con los llamados ‘pimpineros’ que manejan menos galones.
Ahora, el que posea, tenga, transporte, embarque, desembarque, almacene, oculte, distribuya o enajene más de 20 o menos de 50 galones de hidrocarburos o sus derivados (gasolina o ACPM) pagará de tres a cinco años de prisión; si la cantidad es mayor de 50 y menor de 80 pagará de cuatro a ocho años; pero si tiene más de 80 galones la pena es de 10 a 14 años de prisión y cuando haya más de mil galones la pena va de 12 a 16 años. Es decir, en el primer rango no comporta medida de aseguramiento y la persona recobra libertad, pero en el segundo la Fiscalía además de la imputación de cargos ante un juez de control de garantías puede solicitar medida de aseguramiento carcelaria o domiciliaria. En cambio, en el tercer y cuarto rango es casi inevitable la medida de aseguramiento carcelaria.
“El que tenía 21 galones o 10 mil galones igual pagaba de cuatro a nueve años de prisión. Ahora la ley está favoreciendo al ‘pimpinero’, minorista, al no llevarlo a la cárcel, pero sí se va lanza en ristre contra los mayoristas con penas más altas”, explicó el fiscal 11 seccional de Valledupar, Helberth Mendoza.
Sin embargo, la norma también ataca a los consumidores del combustible ilegal y muestra de ello es el caso registrado el pasado el miércoles en el municipio de La Paz (población donde el 80 % de los habitantes viven de la comercialización de la gasolina venezolana), donde la Policía capturó a un camionero que transportaba cargamento de aceite de palma hacia Montería, porque tanqueó con 120 galones de ACPM de contrabando.
Al ser indagado por la Policía, los uniformados verificaron que los tanques del vehículo de carga pesada (originales y sin adulteración), estaban repletos de combustible ilegal, por lo que el conductor fue capturado y el vehículo inmovilizado, al no soportar la compra del combustible con factura o documento equivalente, con el lleno de los requisitos legales contemplados en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario.
“Al camionero se le hizo la prueba y se comprobó que era contrabando, se presentó ante el fiscal para legalización y captura; lo que se busca con esto es enviar un mensaje igualmente al consumidor final de que hay una ley y nosotros también debemos aportar a acabar con el combustible ilegal”, precisó el capitán Pedro Isaza Gómez, jefe de la Policía Fiscal y Aduanera en el Cesar.
Además aseguró que si bien la Ley Anticontrabando ya entró en rigor apenas se está conociendo por parte de las autoridades y de la ciudadanía, por lo que estima que con el pasar del tiempo habrá más claridades sobre su aplicación.
Agregó que ante el aumento de las penas de prisión para quienes transportan grandes cantidades de combustible ilegal los operativos anticontrabando se han vuelto más peligrosos.
“Se ha notado que el contrabandista se ha vuelto más violento a la hora en que los vamos a capturar, hace más esfuerzos por evitar ser capturados y se han generado tensiones en las familias que se dedican a esto porque hay una norma que los puede afectar”, explicó el oficial.
Uno de los operativos recientes contra el contrabando de gasolina se cumplió en el corregimiento de Río Seco, donde en medio de un fuerte enfrentamiento entre la fuerza pública y la comunidad que se armó con machetes para tratar de frustrar el operativo en el que cuatro habitantes de la población fueron capturados.
Río Seco ubicado en el norte de Valledupar, se ha convertido en una arteria para el flujo del combustible ilegal proveniente de La Guajira, por lo que las autoridades luego de varios días de seguimiento ubicaron dos viviendas ubicadas las cuales servían como bodegas de combustible y en el allanamiento liderado por la Policía y con acompañamiento del Ejército lograron además de las capturas incautar tres mil galones de gasolina.
“Esta nueva ley no cambia en nada las cosas, el negocio de la gasolina seguirá mientras que el gobierno no tome decisiones de fondo; seguirán capturando personas, pero siempre habrá otras con necesidad buscando en este negocio una forma de subsistir”, dijo Joaquín Pérez, quien desde hace tres años es ‘pimpinero’ en un sector popular de Valledupar.
La ruta de la gasolina
Los traficantes de gasolina y ACPM comienzan su travesía en Paraguachón, en la frontera colombo-venezolana, donde se encargan del tanqueo de los carros y camiones cisterna. De acuerdo con la investigación de la Policía, a diario se cargan entre 100 y 150 carros que son acompañados por otros que hacen las veces de ‘mosca’, como se les llama a los vehículos encargados de avisar si hay retenes de control de las autoridades y les coordinan rutas alternas a los gasolineros.
Otro punto de partida es Guana, en el estado de Zulia (Venezuela), a pocos kilómetros de Maicao, de donde los carros salen hacia Uribia, en la Alta Guajira, en un recorrido que pasa por el sitio conocido como ‘Chivo Feliz’, de donde se desprenden varias rutas alternas hacia el sur de La Guajira.
Desde ese punto toman trochas internándose por la Serranía de Perijá. Algunos llegan hasta el corregimiento San José de Oriente, jurisdicción de La Paz. Otros toman caminos destapados cuyo punto de llegada es el corregimiento de El Desastre, entre San Diego y Codazzi, porque la idea es llevar estos cargamentos de gasolina y ACPM hasta el corregimiento Cuatro Vientos, Cesar, uno de los mejores mercados para este negocio al estar sobre la vía Bosconia- San Roque, con alto tráfico de vehículos de carga pesada que compran el combustible a la mitad del precio que tiene el legal.
Una tercera ruta, con la que los contrabandistas buscan evadir los controles que podrían montar las autoridades en los pueblos guajiros es a través de trochas que terminan en la nueva vía que de San Juan del Cesar conduce a Valledupar.
Las autoridades calculan que por estas rutas ingresan a la semana un promedio 1.374.500 galones de combustible, que pueden mover alrededor de dos mil millones de pesos al mes.
La voz de la autoridad
“Se ha notado que el contrabandista se ha vuelto más violento a la hora en que los vamos a capturar, hace más esfuerzos por evitar ser capturados y se han generado tensiones en las familias que se dedican a esto porque hay una norma que los puede afectar”: capitán Pedro Isaza, jefe Policía Fiscalía y Aduanera- Cesar.
Las cifras
- 94.718 galones de combustible de contrabando han incautado las autoridades en lo que va del año en Cesar.
- 43 personas han sido capturadas en este departamento por el delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos.
Por Martín Elías Mendoza