¿Qué diría el filósofo y jurista Montesquieu al ver que su teoría clásica sobre la distribución de los poderes ha sufrido una mutación? En principio, la división de los poderes se dio para establecer una libertad efectiva y eficaz ante el ejercicio del poder de quienes tienen el privilegio de representarnos soberanamente. En nuestro país sin duda, estamos frente a un mandato que bien le podríamos llamar: “Mandato en cuerpo ajeno”, donde se requiere un curso intensivo de constitucionalismo, porque el ejecutivo olvida o ignora el ejercicio de sus funciones como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa y por supuesto someterse al imperio de la ley, siendo su principal función velar por los intereses de la nación.
Desde hace más de dos décadas hemos sido espectadores de esa mascarada del poder central, que permitiendo un ejercicio de poder dual ajeno a este mandato, cumplió sus ideales con una mezcla de sed de venganza y odio, negándose a dejar un espacio político, donde es obvio que ya existe un ciclo vencido. Un ex mandatario no es inmune a un llamado y a un castigo de la justicia, no existe ni existirá un fuero que lo exima de investigación, y condena menos ante presencia de pruebas irrefutables. En hora buena la Corte Suprema de Justicia, ha puesto al descubierto y ha sancionado maniobras de un quehacer y ejercicio político de años atrás.
Desde el primer expresidente preso en la república de Colombia (La gran Colombia), Francisco de Paula Santander, jamás se había puesto preso a un presidente, éste que sigue siendo una sombra en la historia del país ha dejado un legado imborrable de dolor, aunado a desapariciones forzosas, masacres, falsos positivos, terrorismo, pobreza, el desconocimiento de los derechos fundamentales como el reconocimiento de una pensión digna, el disfrute de una salud plena, educación de calidad, fácil acceso a la función pública, pero sobre todo nos ha arrebatado el derecho a gozar de una sociedad en paz y libre, donde cada día se vive con temor de perder la vida en las circunstancias menos esperadas.
El Congreso y la dirección política del Estado, han reducido la política a logros mediáticos y con el único propósito de ocupar curules y ostentar un poder efímero, se dedican a enrostrarse los errores y delitos cometidos, ejercen una política demagógica, populista y clientelista; Es una burla contra la soberanía y la democracia. Poco o nada se legisla sobre leyes que castiguen la corrupción de sus mismos miembros, pero eso sí, siguen latentes sus jugosos salarios.
Una reforma constitucional para unificar las cortes, entre tantas que se avizoran, argumentando “Reducción de costos en la contratación de empleados, seguir el modelo de países donde sólo existe una corte, y evitar el choque de trenes”, es una perversa y mala estrategia, que no garantiza recuperar la credibilidad en las corporaciones públicas.
Estas actitudes inquisitivas e imperialistas con extralimitación de competencias, violan flagrantemente el principio de legalidad que es el presupuesto fundamental del Estado Social de Derecho, donde se asienta la democracia constitucional; cuando un mandatario no obra conforme a la ley tiene dos caminos: renunciar o ejercer la coacción y allí pierde su legitimidad.