Existe un dicho muy popular que dice que la justicia cojea y tarda pero llega; pero tal adagio no se cumplió en el sonado y controvertido caso “Colmenares”, porque finalmente para la administración de justicia, tuvo cabida la tesis de que nadie mató al joven Luis Andrés; al igual que para muchos, finamente se cumplió el pacto de silencio entre los estudiantes involucrados e investigados, que terminaron absueltos.
Para el juez de conocimiento que impartió justicia, no le bastaron las pruebas, arrimadas por la fiscalía como el informe del Instituto de Medicina Legal que indicó que el joven tenía 17 heridas en su cara que no eran compatibles con la caída al caño del parque el Virrey y que habían sido determinantes para ocasionar su muerte, ni mucho menos los múltiples traumas de tipo contundente de tipo vital, que según la experticia fueron causados en vida al joven.
Por el contrario, paralelo a la investigación resultaron condenados algunos testigos por falsear sus testimonios y tal vez, también resulte condenado a futuro el primer fiscal que abordó el conocimiento del caso, quien además de ser separado del cargo, le fue abierta una investigación derivada de su actuación por afirmar y sostener que se trató de un asesinato orquestado por los compañeros del muerto. Sin dudas, sin saberse aun la verdad de lo que pudo ocurrir esa tenebrosa noche de Halloween, la historia que relata los hechos ha tenido elementos de pasión y de misterio que desde luego, se prestaron para especulaciones y actuaciones mediáticas y dramatúrgicas por parte de los medios de comunicación; pero, también nos ha mostrado muchos elementos de contradicción e imprecisiones de la Fiscalía, que no ayudaron a mantener ni el curso ni el orden de la investigación y por el contrario esas ambigüedades hicieron que el ente acusador se presentara ante el juicio en una posición de desventaja.
Esto pone en evidencia, un sistema penal acusatorio débil, con mucha improvisación, un sistema probatorio con mucha hendidura, un sistema judicial inestable y sin claras políticas de permanencia del recurso humano como así lo deja ver la intervención y relevo de nueve fiscales que conocieron del caso durante los cinco años que duró este juicio; ello sumado a la variación de las imputaciones que hizo la Fiscalía de los delitos sobre los incriminados, es decir, esos palos de ciego, además de restarle credibilidad al ente acusador, generaron serios mantos de dudas que finalmente fueron canalizados por la sagacidad de la defensa de las jovencitas acusadas.
Con todo esto quedó demostrado que el sistema penal acusatorio colombiano aún está en deuda con la sociedad y particularmente con muchas familias, que como la de Luis Andrés Colmenares creyeron con fe ciega que en este juicio finalmente se sonaría con golpes fuertes el mallete o mazo del juez, anunciando una sentencia condenatoria en contra de los principales sospechosos e implicados en el asesinato del joven. Por fortuna aún seguimos al amparo de la justicia divina, porque Dios pagará a cada uno según lo merezcan sus obras.
Por Carlos Guillermo Ramírez