Este martes 5 de diciembre, en la Universidad Popular del Cesar, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, realizó la rendición de cuentas de su gestión en 2023. Durante el evento, el presidente de Jurisdicción, magistrado Roberto Carlos Vidal, anunció que para continuar avanzando en los procesos en esta región del país, la JEP abrió una oficina territorial en Valledupar.
El magistrado le dijo a EL PILÓN que la jurisdicción, además de hacer la investigación, juzgamiento y sanción de los más graves crímenes ocurridos en el conflicto, “presta servicios de acompañamiento y asesoría a las víctimas para garantizar su participación”, lo cual se facilita con la nueva sede en Valledupar.
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“En la oficina tendremos nuestros equipos territoriales y un grupo de trabajo de la fiscalía de la JEP, la cual realiza investigaciones. Además, se ofrecerá acompañamiento psicosocial a las víctimas, y defensa judicial para los comparecientes”, agregó el magistrado Carlos Vidal.
AUDIENCIA
Cabe recordar que en la capital del departamento se llevó a cabo, en julio de 2022, la Audiencia de Reconocimiento de Verdad de 12 comparecientes imputados por asesinatos y desapariciones forzadas en el marco del Caso 03, Subcaso Costa Caribe.
Además, se viene realizando el trabajo de la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, que se prepara para imponer las primeras sanciones a los integrantes de la fuerza pública que aceptaron responsabilidad por hechos perpetrados en la Costa Caribe.
RESULTADOS
Durante la rendición de cuentas informaron que hasta la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha imputado a 148 comparecientes de las extintas Farc-EP y la fuerza pública, como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. De ellos, 62 han reconocido su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, las víctimas y el país; 79 más se preparan para hacerlo y 7 más, que no aceptaron la imputación, se preparan para enfrentar un juicio adversarial en el cual se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.
Por Deivis Caro