Más de 800 familias están a la espera de una reubicación o de la legalización de los predios que invadieron hace varios años en el sur de Valledupar. Su nombre no podía ser otro que Tierra Prometida, puesto que esta comunidad asegura que los políticos en campaña muchas veces les han hecho promesas y ninguno les ha cumplido.
Una de las promesas más recordadas por la comunidad está consignada en un documento realizado el 16 de octubre de 2011 y autenticado por la Notaria Segunda de Valledupar, en el que consta el compromiso que hizo el entonces candidato a la Gobernación del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, de no permitir que los habitantes del terreno fueran desalojados y que les ayudaría a resolver sus problemas de vivienda.
Han pasado más de cinco años y a los invasores no los han desalojado, pero si persisten los problemas de vivienda digna porque muchas familias duermen en casas de tabla, barro y algunos pocos han tenido la oportunidad de hacer sus muros en ladrillo.
EL PILÓN llegó ayer a Tierra Prometida y a los invasores poco les llamó la atención la noticia de la audiencia de imputación de cargos que la Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia le hizo al exgobernador Luis Alberto Monsalvo, el pasado viernes, como presunto responsable de corrupción al sufragante e invasión de tierras. A ellos solo les interesa que los actuales gobernantes se comprometan con su comunidad y con programas sociales mejoren su precaria calidad de vida como sector subnormal de la capital cesarense.
A este pedacito de Valledupar han llegado durante los últimos años muchas víctimas del conflicto armado. Es el caso de Jaime De los Reyes, Pedro Anaya, Bilmaris Briño y cerca de 800 familias que invadieron este predio del reconocido arquitecto Óscar Guerra Bonilla.
Todos llegaron de partes distintas y por motivos diferentes, pero hoy el propósito es el mismo: tener una casa propia. Muchos vinieron del sur del Cesar, otros abandonaron sus fincas por temor a ser asesinados, pero llegaron a la que creen su ‘tierra prometida’, en donde buscaban la tranquilidad que les despojaron de sus lugares de origen los grupos armados.
El panorama en Tierra Prometida es oscuro literalmente, porque obtienen la energía eléctrica de forma rudimentaria de los transformadores de otros barrios. El agua es traída mediante tuberías improvisadas, desde el barrio Nuevo Milenio, que también fue una invasión y hoy ya está legalizado. “A ellos si les cumplieron”, manifestó uno de los invasores.
“Como hemos podido, cada quien pone la energía en las casas, con postes de madera y cables de segunda que en ocasiones han generado cortos, peor gracias a Dios nunca ha lastimado a alguien”, agregó el invasor que prefirió el anonimato para esta publicación.
Quien sí dio la cara sin temor fue Bilmaris Briño Jiménez, de 42 años, oriunda de Plato, Magdalena. Ella ve con preocupación el futuro de su familia, porque subsiste del trabajo doméstico y con el apoyo de su pareja, quien se dedica a vender café en la Terminal de Transportes, cerca de la casa. Bilmaris recordó que no invadió como otros, sino que compró a invasores, por un millón 500 mil pesos, el terreno donde hoy pasa sus días con su pequeño hijo de 10 años y su esposo.
“A mí me gusta mi hogar, es humilde pero cada ladrillo que he puesto ha sido con mucho sacrificio y agradezco a Dios porque tengo un techo, por eso pido a los gobernantes que no se enfoquen en nosotros como problema, nadie va a querer estar en esta situación. En sus manos está que nos reubiquen o nos legalicen nuestras viviendas”, agregó la mujer.
De la misma forma, María Trinidad Martínez, campesina y madre de 15 hijos contó a EL PILÓN que el huir de los grupos alzados en armas y la necesidad de una vivienda la hizo llegar a la invasión Tierra Prometida.
“Yo estaba viviendo en una parcela y me tocó dejar botada mi casa en el pueblo, uno que otro animal que teníamos y siembras de frijol, plátano. Soy una mujer muy trabajadora, hasta machete he tirado, recojo café, lavo ropa y de todo lo que me salga. Considero que el Gobierno en vez de ayudar a uno nos perjudica, bajan todos los años los subsidios, no le brindan soluciones de viviendas reales y si a mí no me reubican yo no voy a dejar mi casa porque la levanté con mucho esfuerzo; aunque sea de bahareque, me costó sudor y esfuerzo”, contó con un tono de voz fuerte.
María, al igual que Bilmaris, ha aprendido a ser feliz en medio de sus necesidades y consideran que los problemas de riñas, inseguridad y drogadicción en el sector han disminuido, al menos en su manzana.
De las promesas de los políticos pocas esperanzas guardan, ahora estas mujeres esperan acciones concretas de los representantes del Gobierno que solo ven en sus viejos televisores.
“A mí me gusta mi hogar, es humilde pero cada ladrillo que he puesto ha sido con mucho sacrificio y agradezco a Dios porque tengo un techo, por eso pido a los gobernantes que no se enfoquen en nosotros como problema, nadie va a querer estar en esta situación. En sus manos esta que nos reubiquen o nos legalicen nuestras viviendas”: Bilmaris Briño Jiménez.
Puntos de vista
Edwin De los Reyes.
“Acá no tenemos ningún tipo de servicio público, hasta el momento la Alcaldía no nos ha socializado nada, en elecciones es que vienen prometen y no se vuelven a ver más por acá. Pedimos que nos solucionen, ya sea legalizando o reubicándonos”.
Luisa Machacón.
“La invasión ha crecido, tengo cuatro hijos y a pesar de la cantidad de problemas con los que convivimos a diario vivo feliz. Por eso me gustaría que los mandatarios nos legalicen. No hemos podido invertir mucho en nuestras casas porque uno no tiene claro si nos van dejar o no acá. En política se meten, acá el exgobernador no dijo que nos iba a legalizar pero ni más lo vimos”.
Reacción
Luis Alberto Monsalvo. Exgobernador del Cesar.
“Yo en ese entonces momento me comprometí con los habitantes de Tierra Prometida a ayudarlos a resolver el problema de la invasión, lógicamente como tenía que hacerlo. Entonces, ellos me citaron a una reunión en donde querían que yo formalmente me comprometiera a través de un documento, les dejara una constancia que también firmó el actual alcalde, Augusto Ramírez Uhía; es un compromiso que se hace en cualquier campaña política”.
Con postes artesanales sostienen los desgastados cables que llevan energía a sus hogares.
Por Jennifer Polo / EL PILÓN
La población infantil del sector es numerosa y muchas de las familias conviven en casas que constan solo de una habitación.