La Ley 9ª de 1989 ó de reforma urbana como es comúnmente conocida, define el Espacio Público, como el “Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes”.
La connotación de Espacio Público tiene fundamento constitucional, toda vez, que nuestra Carta Política consagra que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del Espacio Público, y por parte de los particulares a través de mecanismos como las Acciones Populares.
Sin embargo, tales preceptos contrastan con la realidad que se aprecia en varios sectores de Valledupar; ya que si bien es cierto el espacio público nos pertenece a todos, somos precisamente nosotros quienes bajo el amparo de esta frase, que se ha convertido en cliché, estamos haciendo mal uso del mismo y – peor aún- ante la mirada, aparentemente, indiferente de las autoridades.
Por ejemplo, al entrar a Valledupar por la avenida Simón Bolívar se aprecia de lado y lado talleres y lavaderos de carros, prácticamente en la calle, que es una vía púbica, y ni que decir del desfile interminable de restaurantes con mesas ubicadas prácticamente en el andén ó al frente de las casas, en donde improvisadamente colocan una venta de comida, por donde supuestamente debe circular el peatón, todo esto adobado por la estruendosa música – ó más bien ruido- que sale de los estaderos, produciéndose así otro atentado contra el espacio público: el de la contaminación auditiva.
Esa es la primera impresión que tiene un visitante cualquiera cuando llega a Valledupar; y si nos trasladamos a la avenida los Cortijos, allí el panorama no es mejor que el anterior. La situación es igual en otros sectores populares de la capital del Cesar.
No tenemos nada en contra de las familias que ganan su sustento con la actividad de ventas de comidas, a la cual han tenido que recurrir, por la falta de empleo u otras opciones de ingresos, pero esto no puede ser óbice para que impere el desorden y el abuso del espacio público.
Adicionalmente, transitar por las calles del centro de la ciudad es una verdadera odisea, invasión del espacio público con todo tipo de productos, que obligan al peatón a bajarse del andén y a caminar por la plena vía, exponiéndose a un accidente. Esta situación no deja apreciar y disfrutar los arreglos que la administración municipal realizó recientemente como el adoquinamiento de la zona peatonal.
Por el lado de algunos parques, el escenario no podría ser más diciente, pese a los esfuerzos de la Alcaldía de llevar esparcimiento y recreación a los niños con la entrega de parques a barrios como Villa Luz y Ciudadela 450 Años, el estado de abandono en que se encuentran los parques de la ciudad, que deberían ser el espacio del encuentro y de diversión para las familias, es lamentable, verbigracia, el de los Algarrobillos.
A todo lo anterior, sumémosle el deterioro del amoblamiento urbano, por parte de la comunidad; precisamente de quienes estamos llamados a preservarlo; no hay sillas de las que se dispusieron especialmente en la zona céntrica para el descanso del peatón, luminarias del espacio público, canecas de la basuras, señales de tránsito, paradero de los buses, que no hayan sido objeto de la acción ociosa y destructora de unos cuantos habitantes que poco o nada pareciera importarles la ciudad y su entorno.
La ley ha dotado a los Alcaldes de los instrumentos jurídicos necesarios, no sólo para la recuperación del espacio público sino también para su sostenibilidad. Hay que aplicar y hacer respetar estas normas, para el bien de la ciudad y el disfrute de sus habitantes y visitantes.
El respeto por el espacio público posibilita y permite calidad de vida, al asociar servicios urbanos en el espacio público, como transporte, recreación y esparcimiento, seguridad, servicios y dotaciones; pero sobre todo genera identidad, es decir, memoria colectiva de ciudad, esa que tanta falta nos hace a los vallenatos y que nos ha postrado en un estado de indolencia, ante tantos problemas que la afectan. Esta es otra tarea que depende del binomio autoridades y población civil y la misma es fundamental en la construcción de una ciudadanía responsable.