Editorial
Está haciendo carrera en el país, la costumbre de resolver todos los problemas acudiendo al fácil expediente de los paros y las protestas, que, como ya sabemos, se conoce como se inician, pero nunca como terminan. Hacemos el comentario, esta vez, para referirnos al paro que han iniciado una parte del transporte camionero, liderado por la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC).
Según la ACC, en la protesta podrían participar unos ciento sesenta o ciento ochenta mil camiones. Independientemente del número de vehículos, lo grave es que se puede afectar el transporte de muchos productos y mercancías, incluyendo alimentos, lo que genera traumatismos en la distribución de los mismos, con el consecuente efecto en la oferta y los precios, en momentos en que se ha reportado un aumento en la inflación por parte del Dane, como resultado de la ola invernal que ha sufrido el país en los últimos meses.
Por supuesto que los camioneros, como todos los colombianos, tienen derecho a la protesta, así lo establece la Constitución Política que nos rige; pero, en este caso, en particular, el paro es inútil por cuanto el gobierno carece de los instrumentos necesarios para hacer cumplir una tabla de fletes, que es la principal petición de los camioneros.
Desde hace varios años, el transporte por carretera sufrió una serie de cambios que modificaron, de manera sustancial, la estructura del negocio y también su rentabilidad. Cada vez los vehículos tienen una mayor capacidad de carga, adicionalmente entraron al negocio nuevos inversionistas, algunos de ellos con dinero de procedencia no muy clara, algo bien difícil de controlar, y esto generó una guerra de tarifas que hoy tiene a los medianos y pequeños en aprietos…
Por ahora, el paro no se ha sentido con mucha intensidad en la Región Caribe, y en particular en el Cesar y Valledupar, pero tarde o temprano se sentirá con graves consecuencias para la economía nacional y regional.
El gobierno ha mantenido abiertas las puertas del diálogo, como debe ser en un país democrático, pero la realidad, monda y lironda, es que en este caso es muy poco lo que se puede hacer, ya que desde hace rato es la dura ley de la oferta y la demanda la que regula las tarifas en el transporte carretero. Y ante esa realidad, es muy poco lo que puede hacer el actual gobierno y el actual Ministro de Transporte, Germán Cardona, como tampoco pudieron hacer muchos sus antecesores.
La salida al paro no puede ser otra que el diálogo, pero reconociendo que los camioneros deben entrar en nuevos escenarios para su negocio: unas tarifas determinadas por el juego de la oferta y la demanda, quizás una revisión de costos en materia de combustibles, peajes, impuestos, fondos de reposición, etc, rubros en los cuales el gobierno si tiene margen de maniobra, pero no así en la famosa tabla de fletes.
Llamamos a la cordura a los líderes de este paro, antes de que sus consecuencias comiencen a afectar a la economía nacional; al diálogo constructivo con el ministerio de ramo y a evitar que la protesta degenere en problemas de orden público, como ha sucedido en otras ocasiones, inclusive con muertos y heridos y el resultado ha sido el mismo: la tabla de fletes no se ha podido mantener, ya que muchos transportadores están dispuestos a prestar un servicio más barato. Es la ley de la oferta y la demanda la que hoy regula el sector y así hay que entenderlo, la rentabilidad del mismo se puede revisar, pero con otros instrumentos. Reiteramos, no tiene sentido insistir en un paro inútil.