Tal como se veía venir, la crisis financiera de la empresa Air-E tocó fondo y fue necesario que el gobierno decidiera intervenirla para buscarle una salida al problema y garantizar el suministro de energía eléctrica a los departamentos del Atlántico, La Guajira y Magdalena, territorios a los que esta compañía les presta ese servicio.
“Hemos dado concepto favorable a la intervención de Air-E, porque es decisión de este Gobierno y responsabilidad nuestra garantizar la prestación del servicio”, dijo al respecto el ministro de Minas y Energías, Andrés Camacho.
La noticia de inmediato recorrió todos los medios de comunicación y rincones del país debido al impacto territorial y porque constituye además una campanada para el Gobierno nacional frente a la situación financiera de la mayoría de operadoras de energía, las mismas que tienen sometidos a sus usuarios a altas tarifas del servicio como una manera de subsistir y poder cuadrar caja.
El abogado de Air-E, Jaime Lombana, asegura que la crisis financiera de esa compañía se debe “a los altos precios en bolsa del mercado eléctrico, el mecanismo en el que se compra la energía que luego se distribuye a los usuarios, y que impacta en el precio de las facturas”.
Los pasivos de la empresa ascienden a $1,8 billones “derivados de cuentas pendientes por parte de usuarios, la llamada opción tarifaria (el aplazamiento en el cobro a los usuarios por la pandemia) y subsidios al consumo de los estratos beneficiarios” y por mucho que se intentó estabilizar la situación financiera eso no fue posible.
Lo que más preocupa es que esa situación de Air-E es el reflejo de lo que está pasando en el país en cuanto al mercado y sistema tarifario de energía y por ende nos pone a pensar a todos que igual puede llegar a suceder con las otras operadoras de energía como es el caso nuestro con la empresa Afinia, poniéndose en riesgo la prestación del servicio en las regiones que esta atiende.
El asunto genera incertidumbre y es el Gobierno nacional el llamado a tomar las riendas del caballo para brindar garantía y tranquilidad a la comunidad usuaria del servicio de energía eléctrica. Ya el presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, había informado que en reunión con Air-e y el Ministerio de Minas, la Superservicios, la Creg y otros actores se había acordado que la opción tarifaria deberá ir en una ley exclusiva y no dentro de la reforma tributaria, pero hasta el momento esa opción sigue a la espera de una decisión del Gobierno nacional.
Otra propuesta de Cepeda es que se involucre a las generadoras en las soluciones a las tarifas “y se utilicen los recursos del recaudo del impuesto a las hidroeléctricas en el alivio de tarifas”, pero al parecer estas tampoco han respondido por el momento.
Los gobernadores y alcaldes de la región Caribe también deben pronunciarse. Ya el gobernador del Atlántico le dijo sí a la intervención estatal pero con recursos, porque el asunto es de dinero urgente que requiere la intervenida empresa.
Como se recuerda, Air-E tomó la operación en la región Caribe, en esos departamentos y Afinia , una filial de EPM lo asumió en Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar en el año 2020 como una manera de superar la crisis del servicio eléctrico que en ese entonces estaba en manos de Electricaribe, una empresa que también enfrentaba problemas financieros, lo cual indica que la solución definitiva no consiste en el simple cambio de operador del servicio sino en todo un complejo sistema que cada día parece complicarse más.