No obstante que la Carta Magna reconoce que somos diversos, la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad y, la igualdad, entre otros, como principios, fundamentales del Estado Social de Derecho, estamos crudos en estas materias, pues subsisten en nuestra sociedad, brotes discriminatorios frente a personas de orientación sexual diferente, brotes de aporofobia, que no es otra cosa, que el rechazo a los pobres, rechazo a los ancianos, rechazo a los enfermos terminales, rechazo a los discapacitados, afrodescendientes, y un largo etcétera.
Somos una sociedad donde abundan prejuicios de todo tipo, que nos impiden ser solidarios, frente a las personas necesitadas de la caridad. Somos una sociedad, que no mira más allá de sus propios intereses, insensible frente al dolor ajeno, incapaz de ponerse en los zapatos del otro, inclinados siempre a hacer uso de la doble moral, a obrar de la manera que más convenga.
En días pasados, dos personas de orientación sexual diferente, fueron asesinadas, en hechos que son materia de investigación. Empero los resultados brillan por su ausencia. Hay desigualdades de todo tipo, es necesario que la ley intervenga para la protección de las personas en condición de debilidad manifiesta, para evitar que sean discriminados.
No somos iguales en lo físico, pues somos altos o bajos, obesos o delgados y mil cosas más, que nos hacen ser únicos e irrepetibles.
Se discrimina hasta en el uso del lenguaje, por razón del pensamiento político, por razón del origen familiar, por ser extranjero y, así las cosas, el compromiso legal se constituye en un verdadero desafío, pues no es de poca monta, brindar protección legal a las minorías socialmente discriminadas, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 de la C.P. Es la tarea que de manera ejemplar viene acometiendo la Corte Constitucional, que, por cierto, ante la inexcusable desidia del Congreso, le ha tocado dirimir asuntos que requieren de una solución jurídica urgente.
El tema ahora se centra en la regulación del aborto, tema del que ha debido ocuparse el Congreso de la República mediante la aprobación de una ley estatutaria, pero no ha sido así, y la papa caliente la tiene en estos momentos la Corte Constitucional.
Nota de cierre: se informa que Alfredo Barreneche Aarón y Pedro Muvdi aspiran a ser incluidos en la Justicia Especial de Paz. Creo que ambos tienen el derecho a un juicio justo e imparcial.