Cada cuatro años, el presidente de la República y su equipo de gobierno, deben presentar ante el Congreso de la República, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), un documento donde van consignados básicamente los objetivos y programas del gobierno, las metas de ejecución y el plan de inversiones para el cuatrienio.
Este ejercicio de formulación y coordinación de los lineamientos estratégicos de las políticas públicas, tradicionalmente ha sido liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en coordinación con los ministerios, departamentos administrativos, entes territoriales y un círculo de tecnócratas apoyados por costosas firmas globales de consultorías, que creen que Colombia, inicia en Bogotá y termina en Anapoima o Subachoque.
Son documentos extensos con un nombre sexi y unas metas de aumento del PIB, empleos, infraestructura vial, coberturas en educación, salud, servicios públicos y reducción de pobreza, que nunca se cumplen. En el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Duque, por ejemplo, prometieron 12 pactos para fortalecer la competitividad y el desarrollo económico de las regiones, y cuatro años después, ninguno aguantó los aguaceros de octubre. Todas las regiones del país están literalmente incomunicadas y con pésimos servicios de energía, internet, acueducto y alcantarillado.
Parece ser que en el gobierno Petro no quieren cometer los errores del pasado. Desde hace un par de semanas vengo observando que el gobierno prefirió elaborar su Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio 2022-2026, desde los territorios con la participación de las comunidades, a través de los llamados ‘Diálogos Regionales Vinculantes’ liderados por el Consejero Presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco y los ministros del despacho.
Sin duda alguna, esta metodología le permitirá al gobierno orientar mejor los presupuestos de inversión y optimizar los recursos en programas de alto impacto productivo que den solución eficaz y oportuna a los problemas que han frenado el desarrollo económico y social de las regiones. Es una iniciativa, que, además de permitirle a las comunidades de cada región ser protagonistas de la solución de sus propios problemas, los involucra en el seguimiento y veeduría de los proyectos de inversión en sus municipios. En adelante, los funcionarios públicos y los carteles de la contratación pública regional, tendrán menos espacios para delinquir.
Ojalá, esta vez, no dejen por fuera en la región Caribe, obras tan importantes como: i) la represa del río Ranchería en La Guajira; ii) navegabilidad del río Magdalena y calado del canal de acceso al puerto de Barranquilla; iii) línea férrea para el tren de carga desde Santa Marta hasta La Dorada, Caldas; iv) la doble calzada Bosconia-Cienaga-Barranquilla-Cartagena; v) la vía que conecta a los santanderes, sures de Bolívar, Cesar y Magdalena, con los departamentos de Córdoba, Sucre y Urabá; vi) el nuevo aeropuerto internacional de Barranquilla y Cartagena; y vii) el desarrollo de una gran complejo turístico en las playas de Palomino, Mayapo y Cabo de La Vela, en La Guajira.
Si la hoja de ruta del gobierno Petro llega a incluir y cumplir los compromisos adquiridos en estos ‘Diálogos Regionales’, seguramente logrará posicionar a Colombia, en los primeros lugares del ranking de los países más prósperos de la región. ¡Lúzcanse!