Por: DEIVIS CARO DAZA / EL PILÓN
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El Gobierno destina cada año recursos para subsidiar la energía de las personas de los estratos bajos en todo el país. En el Caribe las tarifas son de las más altas a nivel nacionales. En este sentido, la Contraloría General descubrió hace varios años que Electricaribe en vez de descontarle el valor del subsidio a cada usuario, en su respectiva factura de luz, lo que hizo fue utilizar el monto total del subsidio para disminuir sus pérdidas.
Lo interesante de este caso es que se descubrió con un avanzado sistema de inteligencia de datos (big data), inédito en los organismos de control en el país.
Electricaribe es uno de los proveedores más grande del país, suministra energía eléctrica a 10 millones de habitantes en siete departamentos (Atlántico, Magdalena, Bolívar, La Guajira, Sucre, Córdoba y por supuesto Cesar), pero también uno de los peores servicios.
Los protagonistas de la historia se dividen en dos bandos: Electricaribe y los 690.000 usuarios a los que el Gobierno les giraba recursos para un descuento mensual en la factura que nunca recibieron, porque Electricaribe, en vez de descontarles el subsidio, lo sumó a la contabilidad de su empresa para hacer menos graves sus pérdidas.
Tras años de protesta de los usuarios de esta región, el Gobierno atendió sus reclamos y en una decisión radical, el 15 de noviembre de 2016, la Superintendencia de Servicios Públicos emitió una resolución para intervenir bajo la modalidad de administración y luego, el 15 de marzo de 2017, definió que la administración temporal tendría fines liquidatarios.
De esta forma, el gobierno asumió el control de la compañía, convirtiéndose en la mayor intervención en la historia de Colombia de una empresa de servicios públicos.
Al momento de su intervención tenía abultadas obligaciones que ascendían a 3 billones de pesos, sin contar los pasivos laborales y que según la Superintendencia podían llevarla a una inminente cesación de pagos y a no prestar el servicio de energía con la continuidad y calidad debidas.
Los problemas de la electrificadora venían siendo denunciados por el Contralor General, Edgardo Maya Villazón, que reveló hallazgos fiscales relacionados con millonarios recursos del Fondo de Energía Social (FOES), a través del cual se subsidiaba el servicio a los habitantes de menores ingresos de la Costa Caribe.
Durante una investigación realizada en 2015, el organismo de control analizó partidas por 141.135 millones de pesos, giradas desde el 2011 hasta esa fecha por el Ministerio de Minas y Energía. Detectó que cerca del 46%, es decir alrededor de 65.000 millones de pesos que la Nación le entregó a Electricaribe para normalizar la prestación del servicio, no se habían ejecutado.
Mientras avanzaban las investigaciones, los reclamos de los usuarios enardecidos no paraban y desembocaron en varios hechos de orden público. Un equipo auditor de la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, encabezado por Ricardo Rodríguez Yee, comenzó a mirar los recibos de usuarios de Electricaribe con lupa. En varios encontraron irregularidades pero en un primer momento no respondían a ningún patrón.
Necesitaban una muestra más representativa pero Electricaribe les negó la información. Decidieron entonces ir a la Superintendencia de Servicios Públicos y allí lograron un paquete de 16.000 facturas que era el total de las reclamaciones del año 2016 y parte del 2017.
Con ellas en mano, construyeron un robot, que es como se conoce en el lenguaje de Big Data o de inteligencia de datos la manera de capturar y analizar datos masivos. En cuestión de siete horas la máquina leyó los 16.000 expedientes y empezó a encontrar evidencias de que no se estaba reconociendo de la manera adecuada “el consumo distribuido”, es decir el subsidio que se debía distribuir a los usuarios más pobres.
Apareció un patrón numérico 7.878, que correspondía al 99% del subsidio máximo que se le entregaba a cada persona. Y demostraba que del total de recursos que enviaba el gobierno, Electricaribe distribuía o le descontaba el 1% al usuario y la empresa se quedaba con el 99%.
Con esa evidencia en mano, el equipo de la Contraloría fue a Electricaribe y esta vez exigieron poder revisar toda la facturación. Pusieron al robot a trabajar con 64 millones de recibos de los años 2016 y 2017, que corresponden a cerca de 800.000 usuarios por mes. Esta vez la máquina se tomó dos semanas en el análisis y encontró que el patrón con esa irregularidad se repetía en cerca de 690.000 recibos.
La conclusión fue preocupante: Electricaribe había utilizado para beneficio propio más de 78.500 millones de pesos que le había girado el gobierno para subsidiar a usuarios de estratos 1 y 2 de zonas especiales.
En diciembre de 2017, la Contraloría reveló los resultados de los análisis de la facturación de Electricaribe desde 2011 hasta esa fecha. La conclusión fue aterradora: durante ese periodo la compañía se quedó con los subsidios del servicio de energía eléctrica por un monto de 216.894 millones de pesos.