Por: Nuris Pardo Conrado
Una modalidad de guerra afecta al pueblo costeño y a otros sectores del país, está incrementándose cada día con más fuerza, se trata de la Guerra Negra, distinta a la partidista o ideológica, para decirlo en carta blanca es la que están instaurando las empresas explotadoras del carbón, que se traduce en una nueva modalidad de violencia por que el grupo de inversionista que la maneja también está acabando con la justicia nacional por la forma como proceden.
Ese mineral extraído de las entrañas de la tierra ha servido para nosotros más de ofensa que de protección, no hay sector que no haya tocado, desde el más importante derecho a la vida hasta el más ínfimo como movilidad sana y sin riesgos. Quienes no hayan caminado ni conocido el corredor minero, no puede enterarse de la tragedia que viven sus habitantes, no se respeta la vida, la salud, la seguridad, el trabajo es cada día más agobiante, los trabajadores son mal remunerados, la naturaleza como medio de vida sana está siendo acabada, es poco lo que queda de ella, porque hasta las corrientes hídricas se les ha variado su cauce, corren por donde ellos deciden y no por el curso que deben tener por razones geológicas.
En ese sector de la patria nadie respeta y los extranjeros deciden que normas cumplen y cuales violan, parece que fuera algo independiente de nuestro estado social de derecho. Las ocupaciones que allí se ejercen parecen maquinas de producir muerte, la generación de impedidos físicos aumenta, hacen cursos de cadáveres atendiendo la medicina y los tratamientos que les entregan, para decirlo mejor todo es un caos.
Esos paisanos oprimidos no cuentan con una seguridad alimentaria equilibrada que recompense el esfuerzo que realizan y las calorías perdidas, el alojamiento podemos tildarlo de indigno, porque no existe una hotelería con condiciones aceptables, la jornada diaria de trabajo para ellos comienzan dos horas antes, desde su partida hacia el campo por que deben llegar anticipadamente, agréguemelos a ello el peligro que significa ejercer el derecho fundamental de asociación sindical por la presión y constante peligro que representa.
Los servicios públicos domiciliarios de los municipios mineros y aledaños, son pésimos, caros y discontinua prestación, los mismo sucede con los hospitales donde la atención es precaria, en esas condiciones no puede haber trabajo digno, ni tratamiento adecuado, es hora que el gobierno nacional establezca unas mejores condiciones a los trabajadores mineros, si no lo hace, vamos a terminar como no queremos ni esperamos y que sean los foráneos los que tengan las ganancias y el pueblo colombiano las perdidas.