Pese al pago que realizan los habitantes de las rancherías de la alta Guajira a las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, y las Entidades Promotoras de Salud, EPS, la Defensoría del Pueblo encontró una gran deficiencia en atención médica, además de un alto índice de desnutrición global, lo que hace que el vecino departamento ocupe el primer lugar con estas enfermedades en Colombia.
El hallazgo se hizo visible en el marco de la audiencia pública sobre la situación de los derechos de los niños de La Guajira, que se realizó en la ciudad de Riohacha, donde la Defensora Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor, María Cristina Hurtado Sáenz, dio a conocer la triste noticia.
Según la funcionaria, que estuvo por tercera vez en el norte de Colombia, con el propósito de verificar los avances en las estrategias que adelantan las entidades competentes del orden nacional, departamental y municipal para superar la difícil situación que vienen atravesando los habitantes de esa zona en el país, la prevalencia de la enfermedad en los menores de esta zona del país es de 11.2%, según la reciente Encuesta Nacional de Salud y Situación Nutricional, Ensin.
El ente de control también encontró que el 48.5% de las muertes de niños y niñas por enfermedad diarreica aguda, que se registra a nivel nacional, corresponde a población indígena.
A través de todas estas problemáticas se observa la triste situación por la cual atraviesa esta población, que será atendida por la Defensoría, entidad que presentará un informe en los próximos días para dar a conocer propuestas que apunten a garantizar el derecho de la población.
“En las casi 100 rancherías que hemos visitado, detectamos que tales visitas no se hacen. Le pedimos al gobernador de La Guajira que reporte esta situación al Comité de Moralización del departamento, y tomen las medidas a las que haya lugar”, enfatizó Hurtado Sáenz.
El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, presentará un informe detallado sobre la compleja situación de La Guajira, en donde se registrarán las actividades que ha desarrollado la entidad en dicho lugar con el fin de restablecer los derechos de los menores, como lo ordena la Ley.
Por Merlin Duarte García/El Pilón
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