De las frases más elocuentes de Álvaro Gómez Hurtado (q. e. p. d.) y que me permito citar en el día de hoy es: “A esta democracia hay que meterle pueblo”. Se refería el ilustre dirigente del partido Conservador a la necesidad de que el pueblo eligiera democráticamente sus autoridades locales, en momentos en que gracias a su iniciativa se aprobó el Acto Legislativo No. 1 de 1986 que aprobó la elección popular de alcaldes.
Pues bien, traigo esto a colación porque fuerzas oscuras están asesinando sistemáticamente a nuestros líderes ambientalistas y, por otro lado, los procesos de participación ciudadana en temas de explotación de los recursos naturales, por cuenta de la Registraduría Nacional del Estado Civil, desaparecieron, pues se trasladó a los alcaldes el costo de las consultas populares, lo que resulta una carga onerosa para los raquíticos presupuestos que manejan la mayoría de los entes territoriales. El asunto tristemente quedó de la siguiente manera: se puede hacer la consulta, siempre que el ente territorial ponga la plata. El argumento no tiene presentación por cuanto el futuro de los recursos naturales de una comunidad no puede estar supeditado a la falta de recursos para la realización de este ejercicio democrático.
Surge entonces una luz al final del túnel, y es el Acuerdo de Escazú, que trata entre otros temas sobre la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Dado lo extenso del documento nos referiremos al artículo 7° que consagra la participación del público en la toma de decisiones, una vez se informe en debida forma de los proyectos que tengan un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud. Colombia aún no ha ratificado este Acuerdo y es necesario que lo haga cuanto antes, pues sería un freno para aquellos gobernantes que, como en el caso de nuestro departamento, se encaprichan en hacer obras tan costosas como superfluas, gastándose la plata del erario, sin brindar al público la suficiente información del impacto ambiental del proyecto en cuestión, y sin tener en cuenta el área de influencia.
Nos referimos al Centro Cultural de la Música Vallenata, con una inversión por la friolera de $138.817 millones de pesos, el cual se construirá en un lote adyacente a dos clínicas, cuya afectación e impacto no se ha medido exhaustivamente por las autoridades ambientales. Sería bueno que se implementara un mecanismo transparente, para someter a consideración de la comunidad (léase contribuyentes) este tipo de proyectos faraónicos e innecesarios, en momentos en que se atraviesa por una pandemia que ha disparado dramáticamente los índices de pobreza extrema, y que desconoce flagrantemente las necesidades prioritarias, tales como los acueductos de 11 municipios de nuestro departamento, carentes de agua potable. ¿Por qué no pensar en rescatar el Hospital Rosario Pumarejo de López, actualmente sumido en la peor de sus crisis? o ¿Por qué no darle vivienda a tanta gente que se ve en la necesidad de invadir predios ajenos porque no tiene una vivienda digna, no cuentan con un empleo formal, y en consecuencia tampoco está en capacidad de pagar un arriendo?
Los organismos de control no ejercen vigilancia sobre los mandatarios irresponsables, y el Congreso se toma todo su tiempo en ratificar el Acuerdo de Escazú, mientras tanto nos toca presenciar impotentes la feria del despilfarro.
Nota de cierre: Con la implementación del plan masivo de vacunación se aumenta el volumen de desechos quirúrgicos cuya inadecuada disposición final pueden ocasionar graves afectaciones a la comunidad. ¿Se está haciendo algo al respecto? ¿Tendremos que esperar a que el daño ambiental se produzca para tomar los correctivos? darioarregoces@hotmail.com