Increíble la inexplicable bulla que se le ha dado a la presencia del fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional (FCPI) en Colombia para notificar el cierre de una investigación preliminar que se le seguía al país desde el 2004 por violación a los derechos humanos. Y el eco que, a la misma, irónicamente hizo el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, señalando que aquella visita era un espaldarazo a esa jurisdicción.
En Colombia han existido diversos escenarios de justicia transicional, pero el último, más conocido, es el que viene actuando desde el año 2005 desde las salas especializadas de Justicia y Paz en concretos Tribunales Superiores de Distrito Judicial (Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga). Y los silenciosos, pero eficaces jueces y tribunales de Restitución de Tierras.
Así las cosas, resulta insólito y atrevido que Cifuentes haya señalado que el cierre del expediente Colombia en la FCPI lo originó el trabajo de tres años que viene llevando a cabo la JEP y, además, poco serio que haya afirmado que “el sistema judicial no había evidenciado progresos lo suficientemente robustos frente a la criminalidad internacional ocurrida en el país”. Ignora asertos irrebatibles como este: “Y lo cierto es que todo lo que se sabe de las atrocidades de las AUC las confesaron unos de la cúpula y cientos de comandantes bajo su mando. La verdad, en una proporción considerable, la revelaron como nunca antes había hecho nadie en este país. Ya quisiera la JEP conseguir de la guerrilla un 20 por ciento de las verdades que destaparon los paras en Justicia y Paz” (Salud Hernández-Mora).
Por manera, desconocer el valeroso trabajo de los magistrados de Justicia y Paz que vienen referidos, y de la Corte Suprema de Justicia, no solo es una afrenta para la jurisdicción ordinaria, sino un dislate conceptual porque las investigaciones y el juzgamiento que se ha realizado desde el año 2005 demuestran que ha habido justicia, verdad, reparación y no repetición. Las copiosas sentencias de Justicia y Paz refractan la historia fidedigna de la violencia cruenta originada en los enfrentamientos de la guerrilla colombiana con los grupos paramilitares (conflicto interno).
Inadmisible que quienes ahora se asoman a la Justicia y Paz -incluido el fiscal General Francisco Barbosa- procuren, no solo ignorar, sino que ni siquiera mínimamente reconocer la útil gestión de la propia Fiscalía General de la Nación en trabajo arduo de investigación en sede de justicia transicional en Justicia y Paz. Fiscales denodados, expertos, idóneos y transparentes han llevado a cabo las investigaciones más profundas, los resultados más ostensibles de verdad y justicia alcanzados en los Tribunales de Justicia y Paz. Magistrados que se han entregado a impartir justicia pronta y cumplida, se quieren desconocer por una JEP aún inoperante, pesada y burocratizada hasta los tuétanos, con una organización absurda, problemática y compleja. Paquidérmica.
El presupuesto del que goza la JEP es una muestra palpable de despilfarro enorme; insólito la planta de personal de esa jurisdicción: 38 magistrados y más de 60 magistrados auxiliares, asistentes y una asombrosa organización de empleados para toda suerte de gestiones imbricadas, que demuestran una locura en ese extravagante aparato judicial transitorio. En Justicia y Paz solo hay 16 magistrados, cada uno con dos asistentes y un pequeño grupo de empleados en los ámbitos secretariales. Y a la fecha han producido sentencias valerosas y copiosas para la historia de la justicia en Colombia. Los macroprocesos son ejemplo elocuente de eficacia y efectividad.
Se olvida que excluir de Justicia y Paz a ‘Jorge 40’, exjefe paramilitar de las AUC, y en trámite de exclusión Hernán Giraldo, comprueba el ineludible compromiso del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla. Sin alharacas, sin presupuesto y corriendo los riesgos más enormes de operadores judiciales. Nadie les ha hecho un reconocimiento siquiera mínimo, precisamente porque cumplen sagradamente su tarea de impartir justicia.
En la JEP y en el enfoque del fiscal General Barbosa se exagera una tarea de esta otra justicia transicional que aún no se ha atrevido a pronunciar la primera sentencia, porque seguramente revelarán su palpable sesgo ideológico. A la fecha hay impunidad. Empero, en el acuerdo celebrado entre el gobierno de Duque y el FCPI se lee que se continuará: “Apoyando los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales interconectadas, incluyendo la justicia ordinaria, el sistema de Justicia y Paz, y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”. ¡Aún no se hace justicia a Justicia y Paz!