EL PILÓN conversó con la exsecretaria de Hacienda de Valledupar y consultora de entidades territoriales en temas de Hacienda Pública, Lily Mendoza, quien asesoró el proceso de ingreso a la Ley 550 de Valledupar y ahora acompaña al municipio de Tamalameque.
¿Por qué quiebran financieramente los municipios?
Principalmente, por la mala planeación que tienen las entidades territoriales. Los lleva a la quiebra la obligación de cumplir con compromisos que no son urgentes o contratar sin tener los recursos. Y son esas crisis financieras las que no permiten que los municipios cuenten con un norte claro para el alcance de sus proyectos.
En el caso de los dos procesos que he acompañado, Tamalameque y Valledupar, es notable que los mandatarios anteriores a los que tomaron la decisión de ingresar a la Ley 550, quebraron por la falta de priorización en los proyectos. En conclusión: la falta de planeación, la falta de priorización de los proyectos y generar contratación sin el respaldo económico para su pago, llevan a los municipios a las crisis financieras. En el caso de Valledupar se generaron endeudamientos bancarios sin el respaldo de los requisitos económicos para poder cumplirlos.
¿Cómo saber si el municipio está en riesgo de ser insostenible financieramente?
Eso funciona como con una persona natural. Cuando usted tiene un sueldo y empieza con ese básico a estimar gastos superiores, genera un déficit.
¿Qué pasa en las entidades territoriales?
Se proyectan unos ingresos. Se dice: ‘En predial está la posibilidad de cobrar $1.000 millones, y se facturan y cobran los $1.000 millones, pero al final de año posiblemente no se recaudaron los $1.000 millones pero sí se contrataron. Se tiene una obligación de pago, pero no el recaudo.
¿Allí empieza la crisis?
Entonces cuando se va haciendo el histórico y viendo que gasta más de los que ingresa, se convierte en un municipio deficitario. El deber ser es que si se planificó ingresar diez y gastar diez, haga que su ingreso entre y se ejecute en la medida de lo que se ingresa. Pero si usted ejecuta todo y no tiene la certeza del ingreso, genera déficit.
¿Eso pasó en Valledupar y Tamalameque?
-¿Qué ha pasado en el histórico de las dos entidades que hemos asesorado?- Se evidencia que año tras año, gobierno tras gobierno, siguen construyendo esa bola de nieve gastando más de lo que ingresan y llega un momento en el que colapsan.
Y con la crisis, llegan los problemas judiciales…
¿Qué sucede cuando una entidad territorial llega al punto donde sus cuentas bancarias están embargadas, donde las demandas judiciales en contra del municipio son una tras otra?
Pues ya no es el gobernante el que toma las decisiones, sino los jueces, quienes deciden qué proyectos deben ser cancelados.
Empiezan los embargos y el municipio deja de recibir sus recursos…
Es allí cuando se tiene la posibilidad de esta Ley 550 que es la oportunidad de hacer un pare: Sí, nos equivocamos, pero vamos a organizar la casa, vamos apretar el cinturón y reducir nuestros gastos de funcionamiento.
Vamos a ver cuáles son aquellas inversiones prioritarias, teniendo en cuenta que la inversión prioritaria cuando se ingresa a la Ley 550 es pagar la deuda.
¿Qué factores obligaron al municipio de Tamalameque a ingresar a la Ley 550?
Se encontró un municipio que recauda por impuesto predial alrededor de $150 millones anuales, pero que hace 10 años tomó la decisión de contratar la concesión de alumbrado público en un contrato por 20 años para que optimizara el servicio de alumbrado. La concesión hace nueve años no recibe ingresos y aunque sigue prestando el servicio de alumbrado, hoy adeuda alrededor de $2.500 millones. Lo mismo con Electricaribe, con deudas de hasta $3.500 millones.
Igualmente, se encontraron contratos que se ejecutaron sin el lleno de los requisitos de Ley, o contratos que cumplieron con los requisitos de ley pero que se sabía desde antes que no se tenían los recursos para su pago.
¿De cuánto es la deuda total de Tamalameque?
Hoy es un municipio que tiene en deuda $12.933 millones en deudas ciertas de acuerdo a la clasificación de los grupos que la ley lo define, pero también hay $7.000 millones en procesos legales que deben ser resueltos jurídicamente y que son denominadas las contingencias. De ser falladas en favor del municipio, bien, pero si son falladas en favor del demandante, estamos hablando de un municipio de sexta categoría con deudas por $20.000 millones.
¿Cómo pagarán esa deuda?
El municipio se comprometió a pagar en un corto plazo de cinco años. El alcalde hace una propuesta económica para pagarle a los acreedores y son ellos los que definen. Hay personas que se les debía desde hace más de 15 años y mostrarle un escenario financiero a diez años, no era posible. Es un escenario de cinco años con una obligación de pagar desde esta vigencia. El alcalde le apostó a hacer un ahorro y tienen $350 millones ahorrados y adicional $800 millones en títulos judiciales ahorrados. Con esto se van a pagar las deudas laborales que es la prioridad. Hay personas que no se han podido pensionar porque el municipio no hizo el giro de la seguridad social.
¿Ingresar a la Ley 550 limita los gastos?
Esto es positivo para las entidades territoriales pero tiene un costo político altísimo porque aquellos alcaldes que deciden organizar las casas no se le ven obras, porque qué obras verán si los ingresos se destinan para pagar las deudas de los que no administraron bien. Pero el gobierno que entra después ya encuentra todo disponible para realizar obras, pero tiene la responsabilidad de mantener la casa financieramente organizada.
¿Qué es lo más complejo para ingresar a la Ley 550?
La organización documental: muchas organizaciones territoriales carecen de documentación digitalizada. Entonces hay que convocar a todas las organizaciones y personas que la entidad les debe. En ese momento llegan personas que se les deben y no se les deben. Hemos llegado a entidades territoriales que no cuentan con los soportes de los contratos. Nosotros lo vivimos en Tamalameque: el alcalde actual no tuvo entrega del alcalde anterior, no hubo empalme, no estaban completos los expedientes contractuales. Nos tocó hacer perifoneo y convocar mesas de trabajo para decirle a cada persona que le adeudaba el municipio, que se acercara porque se le quería pagar, pero a la vez que trajeran la documentación que comprobara los compromisos. Fueron tres años haciendo la documentación. Si los municipios tuvieran un archivo documental organizado donde se evidenciara cada proceso, todo sería más fácil.
¿Qué otro compromiso adquiere el municipio, además de pagar la deuda?
Debe velar por cumplir los límites de gastos de funcionamiento dentro del marco de la ley. Normalmente se le recomienda al municipio realizar una reducción en el gasto del funcionamiento porque muchas veces se genera una cantidad de contratación de personas que se pueden optimizar.
Lo segundo es generar mayores ingresos. La Secretaría de Hacienda debe tener el norte claro: cada día generar más ingresos, hacer la gestión de cobro con aquello que no se está cobrando.
Por: Redacción / El Pilón