En el informe sobre Colombia presentado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quedó registrado lo siguiente: “es posible prever que el fin de las hostilidades y la desmovilización de la guerrilla de las Farc, podría generar vacíos de poder y disputas por controlar las rentas ilícitas (ganancias derivadas del narcotráfico, extorsión, trata de personas, prostitución, minería, captura de recursos estatales, entre otras)”.
Esta advertencia tuvo resonancia cuando el frente primero de las Farc, ‘Armando Ríos’, determinó que no entraría en el proceso de desmovilización y entrega de armas. Este frente eventualmente podría jalonar o reagrupar a otros grupos que se negaron a continuar en el proceso de paz, sustentado las hipótesis del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los análisis de The Economist y Bloomberg, donde afirmaron que las Farc, para continuar con el negocio del narcotráfico tendrían un “plan B” que consistía en el cambio de brazalete.
Las hipótesis planteadas en su momento por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encuentran justificación con la captura de Jesús Santrich, la situación de orden público en la frontera que Colombia comparte con Ecuador, que terminó con la vida de tres ciudadanos ecuatorianos, la disputa del ELN, EPL, los pelusos y el clan del golfo, por el manejo del narcotráfico en el Catatumbo. Lo mismo sucede en Tumaco, empeorado con los atentados a la infraestructura eléctrica.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) reveló un informe en el que presenta un diagnóstico sobre el tamaño y las áreas de influencia de los grupos que se negaron a continuar en el proceso de paz, quiénes son sus principales cabecillas, cuántos hombres tienen en armas y sus áreas de influencia. Según la FIP los departamentos que tienen mayor presencia de disidencias son: Guaviare, Cauca, Meta, Caquetá y Nariño, en especial las zonas de frontera con Ecuador. Asimismo, revela que según cifras oficiales hay unos 1.200 hombres armados, sin embargo, fuentes extraoficiales afirman que la cantidad de integrantes de estos grupos sería de 1.500.
Las circunstancias demuestran que el país enfrenta la osadía de bandas de criminales dedicadas al narcotráfico, que simulan acciones guerrilleras contra el estado de derecho, sus instituciones y la sociedad, para buscar un reconocimiento como organización guerrillera. Este escenario requiere atención oportuna del estado mediante su aparato militar. Es pertinente poner en marcha operativos que les permita a las Fuerzas Militares utilizar todo su potencial contra estas organizaciones.
Con el fin del Conflicto no pasaríamos de ser un país convulsionado a uno escandinavo, perder lo logrado sería un retroceso lamentable, que con determinación debe evitar, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
@LuchoDiaz12