La emergencia invernal ha generado una opinión negativa y de gran cuestionamiento a las Corporaciones Autónomas Regionales. A tal punto que un periódico de Bogotá le dio entero crédito a un borrador de decreto, documento en el cual se hablaba de liquidarlas y así tituló su noticia principal de primera página.
Inmediatamente, el propio Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, debió salir a desvirtuar la noticia, no sin antes reconocer que “aunque quisiéramos, no se podría liquidar, mediante un decreto expedido al amparo de la emergencia económica, a las Corporaciones Autónomas Regionales”.
Es evidente que, en este caso, ha habido una actitud apresurada, por parte del gobierno nacional, quizás con el ánimo de buscar responsables ante la magnitud de la crisis invernal que aún no acaba de terminar.
Sin lugar a dudas, el gobierno nacional debe propiciar una discusión abierta, amplia, técnica, y con visión integral y futurista, sobre todo el sistema nacional ambiental, cuya cabeza la tiene el propio gobierno nacional, en el Ministerio del Ambiente, hoy perdido en sus objetivos luego de la absurda fusión con el Ministerio de la Vivienda.
Luego lo primero que hay que revisar es la cabeza del Sistema, el propio Ministerio, que perdió importancia cuando quedó relegado a viceministerio, en la peor reforma institucional que hizo el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez.
Indudablemente se debe volver a crear un Ministerio del Medio Ambiente autónomo e independiente, con una burocracia pequeña pero con la suficiente capacidad e idoneidad técnica, para advertirle al país sobre los graves problemas ambientales que tenemos por una visión del desarrollo cortoplacista, economicista y – en algunos casos- poco responsable con el medio ambiente y con las futuras generaciones, que son las que padecerán los errores que hoy se están cometiendo.
Por supuesto, que en esa gran evaluación es imprescindible hacer un balance a fondo, objetivo, analítico y profundo a las Corporaciones Autónomas Regionales, algunas de las cuales son acusadas de ineficientes, politizadas y corruptas.
Y luego de ese balance, que debe hacerse con el apoyo de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, y con la asesoría de los exministros del ramo y expertos en el tema ambiental, acudir al Congreso de la República y – de ser necesario- dar una discusión sobre el futuro de estas entidades.
Nadie puede defender, de ser así, que estas instituciones, algunas de las cuales manejan grandes cantidades de dinero, estén fuera de control y sin cumplir la misión para las cuales han sido creadas. Pero, de allí a proponer su liquidación, a rajatabla, como se dice popularmente hay mucho trecho.
Bienvenido el balance a las CAR, incluyendo a la nuestra, Corpocesar, que poco a poco a entrado en la cultura de la rendición de cuentas. Toda evaluación es positiva y máxime si se hace a las entidades públicas y con el fin de buscar su mejoramiento, que debe ser el interés de todos. Pero, en este caso, con todo respeto, consideramos que al gobierno se le fueron las luces, cuando se filtró un documento considerando esa posibilidad.
Si está bien, claro está exigirles mayores resultados, comprometerlas con su razón de ser y que los representantes del sector público, incluyendo al gobierno nacional, cumplan con su deber.
Pero, en el derecho, los abogados sostienen que “las cosas se deshacen como se hacen” y estas instituciones tienen fundamento constitucional y legal y eso se debe respetar. Adicionalmente, en este juicio de responsabilidades por la tragedia vivida, también es necesario la evaluación a los alcaldes, a los concejos municipales, y a los integrantes de los comités locales de atención de emergencias y desastres que eran los primeros llamados a sugerir medidas preventivas para hacerle frente a un invierno fuera de todos los antecedentes históricos.
Pero, en los asuntos del Estado conviene mantener la prudencia y la cabeza fría, antes de salir a liquidar por los medios de comunicación unas instituciones que tienen carácter constitucional y legal y están fundamentadas en una institucionalidad que debe buscar una serie de políticas sostenibles y sistemáticas, en materia de protección del medio ambiente. Bienvenido el debate, pero con la debida mesura y el rigor técnico.