Hemos perdido el norte cuando se habla de responsabilidad social y ética por parte de los establecimientos públicos y privados que prestan el servicio de educar y nulo es el control delegado por el Ministerio de Educación en las secretarías de Educación municipales y departamentales, quienes por desconocimiento y muchas veces por amistad entre docentes no cumplen con su obligación y deber de establecer los controles y sanciones pertinentes a los establecimientos educativos que incumplen todos los años la ley.
La Ley 115 de febrero 8 de 1994, en su Artículo 203, parágrafos 1 al 3 y el Decreto 1269 del 2008, prohíben pagos distintos a matrículas y pensiones, que son los únicos autorizados por el gobierno dentro del giro ordinario de su actividad; sin embargo, la creciente comercialización de textos escolares, uniformes y calzado dentro de los colegios y asociaciones de padres de familia es creciente, olvidando el elemental y único principio para los cuales fueron creados, que es formar.
Es complaciente y nefasta la actitud de los órganos de control que nada hacen para romper el esquema existente entre la industria editorial y los colegios que negocian las adopciones de textos por beneficios económicos, alejados de la calidad del material a adquirir, que reciben dinero y sobornos educativos en elementos educativos o capacitaciones, valores que finalmente pagamos todos. El kit no es otra cosa que libros de comercialización permanente, renombrados por las editoriales para saquear nuestros bolsillos; con oligopolios de exclusividad donde ellos son la única opción de compra, afectando el comercio instituido para suplir tales necesidades, que generan empleo, contribuyen al desarrollo y pagan puntualmente sus impuestos. Otro disfraz son los PIN, que son una simple llave de acceso virtual a talleres educativos y plataformas que son una completa estafa, dado los pobres beneficios obtenidos, sin olvidar que la información gratuita publicada en la red es enorme y al igual que los libros, terminan el año electivo sin usar y con un enorme perjuicio económico a los padres de familia.
La guerra de la industria editorial y las negociaciones concertadas son millonarias, no importa qué material pedagógico vendes, si no, cuanto tienes para sobornar, por ello pululan pequeños editores de garaje, que plagian a editoriales que realizan una labor seria y de respeto hacia la calidad y los estándares educativos.
Finalmente el gobierno tiene la obligación de cortar el poder negociador que tienen los directivos de los colegios públicos y privados, que de forma abusiva y olvidando su compromiso social acuerdan coimas y ventas exclusivas con las editoriales; que el Estado vigile y verifique la elección del material pedagógico, el cual solo podrá ser escogido mediante juntas conformadas por los docentes de cada área, quienes sobre opciones múltiples y por votación mayoritaria, en un proceso transparente y avalado por las secretarías de Educación, expidan las listas anuales.
Por Fernando Castro