Estamos en medio de una encrucijada en la que, como lo dice el más reciente Informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, “están en juego muchas vidas y muchos medios de subsistencia perdidos”. Y añade que “el COVID – 19 es potencialmente catastrófico para millones de personas que ya están pendiendo de un hilo” por la falta de empleo e ingreso.
Siempre es bueno dar un vistazo hacia atrás, para saber de dónde venimos, porque, como lo afirma Humberto Eco, “si uno se entera de lo que ha pasado, muchas veces entiende lo que puede suceder”. A la hora de analizar la coyuntura actual, sobre todo en lo atinente al desempeño de la desastrada economía, la línea del menor esfuerzo es endilgarle la causa y sus consecuencias a la pandemia de la covid-19. La pandemia fue sólo el detonante de la actual crisis económica y social.
Mientras se navegaba con el viento a favor se logró bajar los deplorables índices de pobreza en Latinoamérica. En Colombia particularmente, para el año 2003, casi el 59 % de las personas encuestadas se percibían pobres, mientras que en el 2016 este porcentaje disminuyó al 39,6 %. Pero, como lo que por agua viene por agua se va, en el año 2008 se revirtió esta tendencia al pasar del 26.9 % en 2017 al 27 % en 2018. Además, un logro muy importante como fue que el porcentaje de clase media, 31 %, superara el porcentaje de pobreza, pero el 40 % de ella se tornó vulnerable.
En muy buena medida este retroceso en los indicadores sociales se debió a la desaceleración del crecimiento de la economía, pasando del 6.9 % en 2011 al 3.3 % en 2019; además, después de ostentar un crecimiento potencial del 4.5 % en 2012, a poco andar cayó estancándose en el 3.5 %. Pese a la promesa de catapultar las exportaciones merced a los TLC que se firmaron a troche y moche, a tontas y a locas, el déficit en la Cuenta corriente de la Balanza de pagos pasó del -3.3 % en 2013 al – 4.3 % en 2019.
Y, para rematar, el desempleo, después de 6 años con un índice de desempleo de un solo dígito, desde el 2019 regresó a los dos dígitos, con un desempleo del 10.5 %, al cual se vino a sumar una informalidad laboral del 47 % (¡!). Según el DANE, de los más de 22 millones de personas ocupadas al cierre de 2019, el 42.4 % de ellos (9.4 millones) se clasificaban como trabajadores por cuenta propia y de estos, según ANIF, 2.5 millones pueden considerarse como profesionales independientes. Es muy diciente que en Colombia más del 90 % de las empresas se clasifican como MIPYMES.
El menor crecimiento de la economía y el pésimo desempeño del sector externo han terminado por afectar las finanzas públicas, con el agravante que las sucesivas reformas tributarias no han hecho más que erosionar la base impositiva y diezmar el recaudo, de modo de que la participación de este en el PIB a duras penas llegaba en el 2016 a 15.7 % del PIB, en contraste con el 19.2 % del PIB del gasto público.