Estamos en medio de una encrucijada en la que, como lo dice el más reciente Informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, “están en juego muchas vidas y muchos medios de subsistencia perdidos”. Y añade que “el COVID – 19 es potencialmente catastrófico para millones de personas que ya están pendiendo de un hilo” por la falta de empleo e ingreso.
Siempre es bueno dar un vistazo hacia atrás, para saber de dónde venimos, porque, como lo afirma Humberto Eco: “Si uno se entera de lo que ha pasado, muchas veces entiende lo que puede suceder”. A la hora de analizar la coyuntura actual, sobre todo en lo atinente al desempeño de la desastrada economía, la línea del menor esfuerzo es endilgarle la causa y sus consecuencias a la pandemia por covid-19. La pandemia fue sólo el detonante de la actual crisis económica y social.
Mientras se navegaba con el viento a favor se logró bajar los deplorables índices de pobreza en Latinoamérica. En Colombia particularmente, para el año 2003, casi el 59 % de las personas encuestadas se percibían pobres, mientras que en el 2016 este porcentaje disminuyó al 39,6 %. Pero, como lo que por agua viene por agua se va, en el año 2008 se revirtió esta tendencia al pasar del 26.9 % en 2017 al 27 % en 2018. Además, un logro muy importante como fue que el porcentaje de clase media, 31 %, superara el porcentaje de pobreza, pero el 40% de ella se tornó vulnerable.
En muy buena medida este retroceso en los indicadores sociales que se debió a la desaceleración del crecimiento de la economía, pasando del 6.9 % en 2011 al 3.3 % en 2019; además, después de ostentar un crecimiento potencial del 4.5 % en 2012, a poco andar cayó estancándose en el 3.5%. Pese a la promesa de catapultar las exportaciones merced a los TLC que se firmaron a troche y moche, a tontas y a locas, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos pasó del -3.3 % en 2013 al – 4.3% en 2019.
Y, para rematar, el desempleo, después de 6 años con un índice de desempleo de un solo dígito, desde el 2019 regresó a los dos dígitos, con un desempleo del 10.5 %, al cual se vino a sumar una informalidad laboral del 47 % (¡!). Según el DANE, de los más de 22 millones de personas ocupadas al cierre de 2019, el 42.4 % de ellos (9.4 millones) se clasificaban como trabajadores por cuenta propia y de estos, según ANIF, 2.5 millones pueden considerarse como profesionales independientes. Es muy diciente que en Colombia más del 90% de las empresas se clasifican como Mipymes.
El menor crecimiento de la economía y el pésimo desempeño del sector externo han terminado por afectar las finanzas públicas, con el agravante que las sucesivas reformas tributarias no han hecho más que erosionar la base impositiva y diezmar el recaudo, de modo de que la participación de este en el PIB a duras penas llegaba en el 2016 a 15.7 % del PIB, en contraste con el 19.2 % del PIB del gasto público.